Por Doctor Roberto García Avendaño*
En la columna pasada comenté sobre el marco normativo vigente vinculado con la seguridad y la justicia penal en los ámbitos internacionales, nacionales, estatales y municipales. Hoy corresponde analizar las estadísticas, cifras, datos y números que nos permiten conocer la realidad de la situación que vive nuestro país, así como entender el comportamiento delictivo, hacia dónde se dirige y cuál es el impacto de las políticas públicas en la materia.
Existen numerosas fuentes que, por su origen, pueden considerarse oficiales, académicas, políticas, económicas y privadas, que pretenden dar cuenta de nuestra realidad desde diversos enfoques y metodologías. Sin embargo, las que hasta el momento tienen aceptación generalizada (aunque en ocasiones con severas críticas) y se convierten en puntos de referencia para todas y todos los analistas son la información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) (SESNSP, 2024) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (INEGI, 2024). Ambas fuentes oficiales son útiles para asignar presupuestos cada año en el Congreso de la Unión y los congresos estatales, o para que los medios de comunicación informen a la población sobre los avances en la materia. Pero, sobre todo, nos ayudan a identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las diversas instituciones del Estado dedicadas a salvaguardar nuestra integridad física y patrimonio. Además, bien utilizada, esta información también puede ser usada como inteligencia que permite planear acciones operativas, investigaciones criminales y políticas públicas.
El INEGI nos proporciona un gran número de cifras y datos sobre la incidencia delictiva, la cifra negra (delitos no denunciados), las víctimas, los policías y los jueces, entre muchos otros. También puede ofrecernos datos relacionados con el origen social de la delincuencia, como la vulnerabilidad económica de ciertos sectores, las adicciones, el racismo, la eficiencia terminal en las escuelas, el desarrollo económico, la violencia familiar y la violencia contra las mujeres. Por ello, mencionaré algunas publicaciones del INEGI que es importante conocer para profundizar en la reflexión sobre la seguridad pública en México.
Uno de los análisis más consultados sobre el tema, diseñado y realizado por el INEGI, es sin duda la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la cual tiene como finalidad conocer la percepción que tienen los mexicanos sobre la seguridad pública. Esta encuesta se publica trimestralmente y no solo nos muestra cuán seguros nos sentimos, sino también en qué lugares y momentos no lo hacemos, así como en qué cuerpos de seguridad pública y fuerzas armadas tenemos mayor confianza.
Otra encuesta muy popular es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que se publica anualmente desde 2011. A través de esta, podemos conocer la prevalencia e incidencia delictiva, la caracterización de los delitos, los costos del delito, la denuncia de delitos, problemas sociales, comunitarios y de cohesión social, la percepción de las autoridades de seguridad pública, la atestiguación y los cambios de conducta por temor a la delincuencia, entre otros.
Sin que esto sea un concurso, en tercer lugar, de popularidad en mi ranking personal sobre información de Gobierno, seguridad pública e impartición de justicia está la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que se lleva a cabo cada 5 años (preferiría que fuera anual). Esta encuesta nos proporciona datos muy valiosos sobre experiencias de violencia física, económica, sexual, psicológica y patrimonial que enfrentan las mujeres de quince años y más en los ámbitos familiar, escolar, laboral, comunitario y de pareja.
Continuando con la lista, pero sin que ello signifique una jerarquía, está la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), que se realiza cada 2 años. Esta encuesta destaca el impacto económico y social del delito en las unidades económicas del sector privado. También, podemos encontrar la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), que se realiza cada 2 años y nos permite conocer las experiencias y percepciones de la población respecto a los trámites y servicios públicos proporcionados por los diferentes niveles de gobierno, incluyendo servicios de seguridad pública y justicia.
Sumado a lo anterior, se puede encontrar en la misma página del INEGI otras encuestas de gran utilidad para comprender la violencia y delincuencia que vive el país y que tienen conexión directa con el tema que motiva esta columna. Estas encuestas incluyen: la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID), la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP), la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI), la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP), la Encuesta Nacional de Gobierno – Seguridad Pública y Justicia Municipal (ENGSPJM), la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) y la Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo (ENVIN).
A lo anterior, podemos agregar una parte indispensable para la planeación de políticas públicas, que nos ayuda a conocer la situación en que se encuentran las dependencias federales, estatales y municipales encargadas de cumplir con el mandato constitucional en seguridad pública, abordando sus cuatro ejes: prevención, persecución, sanción y reinserción. Para ello, el INEGI nos presenta en su página web el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal, el Censo Nacional de Gobiernos, el Censo Nacional de Seguridad Pública, el Censo Nacional de Procuración de Justicia, el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios, el Censo Nacional de Impartición de Justicia y el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.
Para concluir, y como lo señalé en el tercer párrafo de esta redacción, existen otros estudios que el INEGI realiza eficaz y eficientemente y que se asocian a las causas sociales del delito. Como ejemplo, menciono la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP).
Finalmente, esperemos que pronto se realice nuevamente la Encuesta Nacional de Adicciones, pues la última fue en 2002. Me parece pertinente que la Secretaría de Salud y el INEGI colaboren para llevar a cabo este tipo de estudios con regularidad.
Espero que aprovechen toda la información que nos facilita el INEGI, con calidad y de manera gratuita, pues solo así nuestras reflexiones sobre estos temas serán cada vez más profundas.
Trabajos citados
INEGI. (21 de junio de 2024). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Obtenido de https://inegi.org.mx
SESNSP. (21 de junio de 2024). Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Obtenido de https://www.gob.mx/sesnsp
* Profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como en la Facultad de Trabajo Social.
Contacto: avendano@ucol.mx
Las opiniones expresadas en este texto periodístico de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a El Comentario.
