Garantizar los derechos
Por Balvanero Balderrama García
balvanero@gmail.com / @Balvanero.B
Garantizar, asegurar, avalar, respaldar. Todo eso y más es lo que debería ser una realidad en materia de derechos. La verdad es que, en nuestro país, los derechos en general, y los de las audiencias en particular, han recorrido un camino cuesta arriba.
A más de 100 años de la presencia de la radio en nuestro país, por ejemplo, los derechos de las audiencias fueron materia legislativa, con una modificación constitucional y ley aprobada: 2013-2014. Antes, por supuesto, como sucede con todos esos derechos exigidos, fueron trabajados e impulsados desde la sociedad civil, desde la academia y la investigación. Ahí están los nombres de mujeres y hombres, hombres y mujeres, registrados por la historia.
Sin embargo, apenas publicados, fueron motivo de controversia constitucional por parte del Ejecutivo que los había promulgado en el Diario Oficial de la Federación. Los poderes fácticos hicieron su tarea, y estos derechos vivieron una contrarreforma en 2017, eliminando aquello que incomodaba, afectaba e impedía “seguir con los cambios, pero igual que antes”.
Esto implicó la promoción de un amparo por parte de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, el cual fue ganado en agosto de 2022. Y es en este 2024 que el órgano regulador, el IFT, creado con la citada ley, pone a consulta el anteproyecto sobre cómo ejercer esos derechos.
Es un anteproyecto, ya lo han señalado y comentado especialistas en la materia, que contiene lo mínimo. Se debe fortalecer. Y en este escenario, mientras la consulta concluye el 30 de agosto, avanza una propuesta legislativa para desaparecer ese órgano regulador y regresar las facultades a la administración pública federal.
¿Quién debe garantizar los derechos de las audiencias? Esa es la pregunta. La historia nos muestra cómo el Poder Ejecutivo ha dejado mucho que desear en la materia, al igual que el órgano creado ex profeso.
Sin embargo, considero que los contrapesos en el ejercicio del poder son necesarios. Habría que establecer un marco normativo claro y preciso para el ejercicio y cumplimiento de los objetivos; con instituciones transparentes, apegadas a derecho, con mecanismos de rendición de cuentas que respondan a los intereses plasmados en la ley.
Los derechos humanos, como los derechos de las audiencias, no pueden eliminarse, dado que son progresivos. Pero pueden quedarse ahí, como hasta ahora, sin un ejercicio pleno de los mismos, sin una promoción que permita a las audiencias conocerlos, exigirlos y ejercerlos. Los derechos de las audiencias no son censura; esa es una lectura sesgada e interesada.
Y por eso surge la pregunta: ¿quién garantiza la promoción, el respeto y el ejercicio pleno de los derechos de las audiencias?
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