Por José Luis Negrete Ávalos
A estas alturas ya se encuentra allanado el camino para la mayoría calificada del partido que ostenta el poder, en conjunto con sus aliados PT y PVEM. Con la aprobación por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) con 7 votos a favor y 4 en contra, se materializó la denominada “súper mayoría”, acción que reafirma la necesidad inmediata de considerar los efectos iniciales, progresivos, y permanentes en el desarrollo de la política mexicana.
Aunado a la resolución de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aprobando con 22 votos a favor y 17 en contra este dictamen, dando pie a la desaparición de 7 órganos autónomos entre los que destaca el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), decisión que provoca controversia y debate sobre los temas en los cuales la mayoría calificada puede intervenir, estableciendo a la alianza oficialista con 364 espacios, de los cuales 236 corresponden a Morena.
A todo esto, la pregunta que de inmediato puede plantearse para este tema de importancia es: ¿Qué tan cerca se encuentra la limitante para observar la tarea de los gobernantes sí las herramientas que lo permiten se pierden gradualmente?
Abordando este aspecto desde un sentido objetivo, es entendible que todo órgano público aún bajo la propia autonomía y gestión de tareas, pueda volverse un lastre desde el contraste económico, de ahí la necesidad de los distintos gobiernos por suprimir o absorber dependencias con la intención de reducir ese peso burocrático, y mejorar en cierta medida las relaciones intergubernamentales, considerando así la viabilidad de una reducción.
Retomando ese planteamiento de reducción, que se dirige a uno de los poderes que hasta hace poco era el factor de contrapeso frente al Poder Ejecutivo y Legislativo, para caer deliberadamente en una encrucijada.
Pero al mismo tiempo, es preciso determinar la tarea específica que desempeña un órgano autónomo, en este caso aquel que observa el acceso a la información sobre las labores y acciones de las dependencias dentro de las administraciones, así mismo, el desempeño de las autoridades encargadas.
Por ende, debe garantizarse la prevalencia de este órgano, donde pueda observarse y evaluarse la consecución de actividades, pues el origen todo servidor público es representar al colectivo social, además, de jugar un papel vital en el empeño del derecho a la información, esa información que se enlace con el derecho a la libertad de expresión.
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