La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) lamentó que se siga extendiendo el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual permite la importación de autos “chocolate”.
“Es lamentable que López Obrador invada con su decisión el mandato de la doctora Claudia Sheinbaum al extender el decreto por 2 años más, a sólo 4 días de terminar su presidencia.
“El conocimiento técnico, la trayectoria profesional y el compromiso con el medio ambiente de la presidenta Sheinbaum nos hacían pensar que se revertiría una política gubernamental nociva para México”, dijo el organismo empresarial.
Según publica Reforma en su edición digital, desde que entró en vigor el decreto en enero de 2022, que permite y fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera (chocolate), unos 2.6 millones de este tipo de autos, que suelen ser considerados chatarra, ingresaron al país
En su último informe de Gobierno, López Obrador reveló que se habían recaudado un total de 6 mil 239 millones 537 mil 500 pesos por la regularización de vehículos ilegales.
Ese monto es producto del pago de 2 mil quinientos pesos por vehículo regularizado, lo que equivale a un total de 2 millones 495 mil 815 unidades al cierre de agosto pasado.
“Conforme a este dato, es muy probable que al cierre del Gobierno de AMLO se hayan legalizado cerca de 2.6 millones de vehículos que ingresaron como contrabando”, dijo Guillermo Rosales, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
Recordó que dicho decreto contemplaba una vigencia hasta el 30 de junio de aquel año, condición incumplida, ya que se ha prorrogado hasta el término del Sexenio.
El decreto, señaló como requisito para regularizar los vehículos que se encontraban en situación de contrabando, que acreditaran haber sido introducidos al país sin las formalidades del procedimiento aduanero hasta el 19 de octubre de 2021.
También se estableció que no podrían regularizarse los vehículos que, por sus características o aspectos técnicos, esté restringida o prohibida su circulación en el país de procedencia o en México.
Igualmente, quedaron fuera de la autorización para regularizar los vehículos de lujo o deportivos.
De forma literal se estableció que tampoco serían regularizados las unidades que no cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente.
El decreto, precisó Reforma, restringió la regularización de los vehículos con reporte de robo o aquellos relacionados con la comisión de un delito en alguna carpeta de investigación o proceso penal.
“Todas estas salvedades han sido letra muerta que coloca a los funcionarios públicos que han autorizado la regularización de millones de vehículos sobre los cuales existen evidencias de alguna de las especificaciones que literalmente el decreto estableció que no serían sujetos a regularización”, denunció Rosales.
Con información de Reforma
