Las universidades públicas hacia el 2030
Por Juan Carlos Yáñez Velazco
Las universidades públicas no encontraron un gobierno aliado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En general, la educación vivió un periodo de claroscuros, más negros que alentadores, por proyecto y conducción política, agravado con la larga noche de la pandemia.
Al inicio, el presidente envió una señal promisoria, organizando los foros estatales de participación en las universidades, luego el presupuesto no correspondió a la reforma constitucional de 2019, que elevó la educación superior a derecho constitucional y obligación para los estados, gratuita para los ciudadanos; tampoco, con el compromiso para lograr la universalización de la educación media superior, adquirido una década atrás.
A dichas obligaciones les faltaron recursos económicos estatales. La educación no fue un sector estratégico para la inversión, sí para políticas clientelares. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), reveló el inexistente fondo financiero especial para expandir la educación superior gratuita e “implementar un modelo de financiamiento de las instituciones públicas de educación superior, que considere las necesidades nacionales, regionales y locales para garantizar el derecho humano a la educación superior, que haga partícipe de manera equitativa al Gobierno federal y estatal, que estimule la corresponsabilidad de los gobiernos locales” (ANUIES, “Compromiso común por el futuro de la educación superior mexicana. Trazando una ruta al 2030”, p. 27).
La inversión educativa se estancó, según lo retratan los datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tomados de su documento “Principales cifras del Sistema Educativo Nacional, 2023-2024”. Sobran los juicios.
El Gobierno privilegió 2 estrategias: crear un sistema de universidades cuyas escasas evidencias reflejan precariedad y dudosa calidad, dado que no son examinadas con el mismo rigor que las instituciones públicas y no están supeditadas a ninguna evaluación externa, lo mínimamente aceptable. La otra gran apuesta fue por las becas universales. Examinarlas es tema de otro artículo.
Las declaraciones de la presidenta electa deslizan la idea de que la hostilidad contra las universidades persistirá, pues el blanco de sus cuestionamientos ha sido la misma UNAM, su alma mater, no obstante que goza de amplia aceptación social, como lo demostró la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021, en la cual, tuvo la satisfacción ciudadana más alta entre todos los servicios públicos: 83.1% de los encuestados respondieron estar satisfechos o muy satisfechos (ANUIES, “Compromiso común por el futuro de la educación superior mexicana. Trazando una ruta al 2030”, p. 21).
Lo que ahora vive la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el intento morenista de cambiar la ley orgánica atropellando a su comunidad, puede ser anticipo indeseable en un estado que, lamentablemente, se convirtió en ejemplo de prácticas deleznables, por el conflicto entre grupos del narcotráfico y la disputa entre 2 exrectores, el actual gobernador y el extinto Melesio Cuén, ejecutado en circunstancias más que sospechosas.
En los próximos meses veremos si persiste la orientación del Gobierno federal o habrá cambio de rumbo. La ANUIES, en el documento referido aquí y preparado antes de las elecciones pasadas, propuso una ruta que demanda, entre otras, las siguientes condiciones o medios: políticas públicas transversales que garanticen el acceso libre y gratuito a la educación superior; ampliación de la cobertura como medio estratégico para el bienestar social y el progreso del país; certeza financiera y salvaguarda de la autonomía universitaria.
Una política como la vigente para educación en general, y para la superior en particular, podría reportar una factura muy cara para el desarrollo del país y el derecho a la educación, ya lastimado de manera severa antes de la pandemia, pero agudizado por indiferencia e incapacidad. Estamos en la disyuntiva de reanudar el paso o profundizar brechas.
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