Cárceles en México: ¿Reinserción o Castigo?
Por José Antonio Medina Palacios
Actualmente en nuestro país es continuamente cuestionado el funcionamiento y viabilidad de los diversos centros penitenciarios (cárceles) que existen, esto debido a las condiciones precarias y de sobrepoblación en las que viven la mayoría de los presos en estos centros, que según el Resumen de Población Privada de la Libertad de agosto de 2024, proporcionado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 233, 687 personas se encuentran privadas de su libertad, siendo hombres en su mayoría con un 94.15%, restando un 5.85% que son mujeres.
Las condiciones anteriormente mencionadas, representan un reto para que las cárceles cumplan con su principal objetivo, que es el de reinsertar a estas personas que fueron autoras o partícipes de un hecho delictivo, ¿y qué es la reinserción social? Esta se define como la responsabilidad del gobierno de facilitar herramientas a las personas que se encuentran presas, que les permitan reintegrarse a la sociedad a través del trabajo, la formación, la educación, la atención médica y el deporte.
El artículo 18 de la constitución de nuestro país menciona en su segundo párrafo que el sistema penitenciario debe ser enfocado en la reinserción, evitando con esto que personas que cumplieron una condena y fueron liberadas, cometan nuevamente algún hecho delictivo, pero, ¿realmente se cumple con esta disposición o las cárceles son meros centros en los cuales se castiga y tortura a las personas recluidas dentro de ellas?
Otro factor que impide un buen desempeño de este sistema, es la corrupción que existe dentro de los penales, en la cual se encuentran envueltos directores de los centros, custodios y demás personas que forman parte, dando oportunidad a que grupos criminales (cárteles) operen y sean ellos quien en verdad controlen en su totalidad estos centros, por ejemplo; según Enrique Zúñiga, autor del libro La pelea por los infiernos, a mediados del año 2021, una organización criminal de Sinaloa ejercía su control en las prisiones de ocho estados y competía o compartía el control en las de siete entidades adicionales. Otro grupo, al parecer de Jalisco, tenía influencia en ocho estados y disputaba o mantenía el mando en otros nueve. Por su parte, el Cártel del Golfo dominaba las cárceles de cinco estados y competía o compartía el control en otras cuatro.
El 31 de Julio de 2017, el INEGI publicó los resultados de un estudio llamado Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), el cual brinda un análisis sobre la población que se encuentra privada de la libertad, en el que la encuesta arrojó que el 25.9% de las personas mayores de 18 años que se encuentran presas, ya había sido juzgada antes por otro delito, siendo esta cifra bastante considerable y con la cual podemos observar que la rehabilitación no es un objetivo que se esté cumpliendo lo suficiente, ¿y por qué sucede esto? La ineficacia de los programas penitenciarios actuales, la falta de derechos humanos al interior de los centros y la situación deplorable en la que se encuentran los reos, son condicionantes graves al proceso por el que cada persona que se encuentra cumpliendo una pena privativa de libertad debe pasar para poder alcanzar un nivel de rehabilitación adecuado, y de esta manera volver a ser un miembro apto y funcional para la sociedad.
El futuro del sistema penitenciario en México es incierto, y en el que lamentablemente hay un nulo interés por parte de la población, debido a los estigmas y el rechazo que existe hacia las personas que se encuentran recluidas, dificultando la visibilización de los distintos obstáculos y problemas que presenta. Asimismo enfrenta fallas estructurales que van más allá de lo visible. Aunque su función debería ser la reinserción, en la práctica prevalecen la corrupción y la violencia interna, lo que permite a grupos criminales controlar varias cárceles del país. Esta realidad, sumada a la sobrepoblación y la falta de recursos, debilita los esfuerzos por rehabilitar a los presos. La alta tasa de reincidencia es una señal clara de que los programas actuales no cumplen su objetivo, lo que sugiere la necesidad de una reforma profunda y un enfoque más serio en la reintegración social.
*Estudiante del quinto semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.
Esta columna forma parte del “Semillero de Formación de Jóvenes en Investigación Jurídica”, coordinado por el Doctor Amado Ceballos Valdovinos, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.
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