Reforma al Poder Judicial, proceso turbio
Por Rogelio Guedea
Desde un inicio, la reforma al Poder Judicial de nuestro país fue controversial, un pleito entre el expresidente López Obrador y el propio poder judicial por defender su legítima autonomía y no acatar las intromisiones del Ejecutivo. Finalmente, la batalla la ganó López Obrador y la reforma al poder judicial (con el argumento de ser un poder corrupto) se convirtió en realidad y ahora lo que se avecina es el proceso de renovación de jueces y magistrados del país por votación, tal como se hace en cualquier cargo de elección popular. Siendo abogado, y conociendo a muchos abogados del poder judicial, donde también laboré, esta reforma al poder judicial sigue generando una infinidad de expectativas y, sobre todo, preocupación, básicamente porque, en primer lugar, no se sabe aún nada de cómo será el proceso de selección de todos los aspirantes a ocupar cargos de jueces y magistrados (incluidos los que están en funciones, que tendrán que salir a competir por su cargo) y, en segundo lugar, porque siendo una votación popular se corre el riesgo de que esto contravenga el principio precisamente de incorruptibilidad en la impartición de justicia, razón de ser de la misma reforma, con lo cual podría decirse que se creó una reforma para acabar con la presunta corrupción del poder judicial a través de un proceso que generará más corrupción todavía. Platicando con un juez y un magistrado cercanos, me decían asombrados e incluso molestos que la falta de claridad en el proceso y la incertidumbre que esto crea, más aparte el tiempo en que quedará acéfalo el poder judicial durante la transición derivada de las elecciones, creará un caos en el poder judicial que sólo irá en detrimento de la sociedad, con el inconveniente además de que cada nuevo juez o magistrado llegará al cargo con compromisos que impactarán en el ejercicio de sus funciones. La reforma es ilegítima y el proceso, turbio, de forma que nada bueno podemos esperar de estos resultados en lo porvenir. Ojalá que exista una vía alterna legal para echar atrás todo aquello que pueda recrudecer más esta crisis por la que atraviesa uno de los poderes clave del estado mexicano.
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