De acuerdo con la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (Infocol), Paulina Urzúa Gómez, la eliminación de los organismos autónomos de transparencia y protección de datos representará un gran reto para los gobiernos estatales, quienes deberán asumir funciones transferidas.
En ese contexto, Urzúa Gómez señaló que los gobiernos estatales enfrentarán desafíos técnicos y presupuestales para cumplir con esas nuevas responsabilidades.
“Es un reto desafiante. La Subsecretaría del Buen Gobierno, dependiente de la Federación, expuso cómo se estructurarían las leyes secundarias que corresponderían a los estados”, expresó.
Detalló que, de acuerdo con el modelo presentado, cada entidad federativa tendría un órgano desconcentrado en materia de transparencia, es decir, independiente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Además, los órganos autónomos tendrían en conjunto sus propios lineamientos en temas de transparencia.
Por ello, consideró que la implementación será desafiante, ya que los estados deberán adaptarse a los nuevos lineamientos gubernamentales establecidos en las leyes secundarias.
“Será un reto muy grande para los sujetos obligados, ya que, además de cumplir, tendrán que capacitarse para atender aspectos relacionados con el acceso a la información, la protección de datos personales y la gestión de archivos”, subrayó.
Urzúa Gómez añadió que estas leyes secundarias deberán ser elaboradas en el Congreso del Estado, y se prevé que los trabajos inicien entre junio y finales de año.
