Autonomía fiscal estatal
Por Alejandro Bernal Astorga
De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), la autonomía fiscal de los estados en nuestro país es limitada: 15.5% de sus ingresos fue generado por cuenta propia en 2023. En cambio, 81.2% de sus recursos provino de la federación y 3.3% de la contratación de deuda pública.
Esta situación refleja una dependencia presupuestal estatal significativa hacia los recursos asignados por la federación, de ahí que la capacidad de gestión del Ejecutivo estatal y de sus representantes en el poder legislativo federal (diputados y senadores) es fundamental para que los recursos asignados se incrementen y respondan a las necesidades propias de cada entidad.
Es importante que, en este contexto, el espíritu federalista impere sobre la centralización, se respete la diversidad de necesidades y contextos estatales, para que los recursos públicos sean asignados sin distingos de filosofías políticas o intereses que no sean los del bien común.
Para ser real, esta visión es una responsabilidad compartida entre el Ejecutivo que propone y el Legislativo que aprueba, y debe reflejarse en la ley de ingresos de ingresos y en el presupuesto de egresos de la federación.
La contratación de deuda pública es una opción para los gobiernos estatales, en la medida en que se cumplan tres condiciones:
– Que los beneficios de su contratación se destinen preferentemente a la inversión y no al gasto.
– Que se traduzca en la realización de acciones u obras cuyo beneficio social y económico sea mayor al pago del financiamiento.
– Que no comprometa la estabilidad financiera presente y de futuras administraciones.
En contraparte, el IMCO señala que entre 2015 y 2023, la participación de los ingresos propios de los estados, en sus ingresos totales se mantuvo prácticamente sin cambios, al pasar de 15.4% a 15.5%, a través del cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y la venta de bienes o servicios.
El estado de Colima generó el 8.2% de sus ingresos totales y estuvo por debajo de la media nacional que fue del 12.2%. Estas diferencias reflejan la dinámica económica de los estados, el aprovechamiento de sus facultades tributarias y su capacidad recaudatoria.
Entre las acciones para incrementar la captación de ingresos de los gobiernos estatales se encuentran las siguientes:
– Incrementar la base tributaria para que más ciudadanos paguen impuestos.
– Facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
– Evitar la evasión en los diferentes instrumentos de recaudación, para no cobrar más impuestos a los contribuyentes que si pagan.
– Generar condiciones de competitividad, seguridad y legalidad para que la inversión y las actividades económicas proliferen y se incremente la captación de recursos.
– Aumentar los niveles de transparencia y la eficiencia en la aplicación del gasto para incrementar los niveles de recaudación.
En general, la disposición para pagar impuestos de los contribuyentes es mayor cuando el Estado tiene capacidad para satisfacer progresivamente las necesidades de la población a la cual se debe.
La visión del manejo de las finanzas públicas debe ser de largo plazo y no limitarse a un sexenio en el caso de un gobierno estatal; además, es importante considerar que los gobiernos municipales son la primera fuente de contacto con las necesidades de los ciudadanos y tienden a captar y tener menos recursos públicos para satisfacerlas.
En este contexto, se debe tener un manejo responsable, inteligente y equilibrado de las finanzas públicas para privilegiar la inversión sobre el gasto, generando las condiciones para que la población tenga acceso a mejores niveles de vida.
Las opiniones expresadas en este texto periodístico de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a El Comentario.
