Vivir en una ciudad inteligente y sostenible
Por Doctora Jessica Cristina Romero Michel*
¿Sabías que hay un derecho humano emergente que propone garantizarnos una vida urbana transformada, producto de una reivindicación social y que adicionalmente es un tema académico y de investigación que cobra un creciente interés en muchas ciudades del Mundo?
Me refiero al derecho a la ciudad, que también tiene su sustento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, instrumento que contiene una nueva visión centrada en la colaboración de los distintos sectores, principalmente del privado y el social, cuyo objetivo se enfoca en la atención de las necesidades y la resolución de los problemas de la colectividad.
Hoy en día, analizar este derecho, no solo requiere entender cómo se regula el espacio urbano o si se satisface la demanda de servicios públicos, sino además, de qué manera se utilizan las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como de otros medios para mejorar la calidad de vida, es decir, de una ciudad inteligente y sostenible, un sitio donde las innovaciones son respaldadas por la conectividad universal de alto nivel y otras tecnologías que permiten mejorar el bienestar y el progreso de sus habitantes, procurando que existan las condiciones para la realización de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales.
De ahí que, se debate si vivir en una ciudad así, debe ser garantizado por el estado en colaboración con los sectores social y privado, particularmente porque las ciudades han sido impulsoras de transformaciones sociales, de convergencia política, son sitios de desarrollo económico y de esparcimiento cultural, pero, también son lugares en los que se concentran los grandes problemas como la desigualdad social, la pobreza, la inseguridad, la violencia, la contaminación ambiental, entre otros. Además, porque según la ONU-Habitat, se estima que para el 2030, el crecimiento urbano de nuestro país pasará de tener 384 ciudades a 961, lo que significa que la concentración de la población nacional será del 83.2% en las ciudades.
Por ello, realizamos una investigación con el objetivo de identificar y analizar el marco legal existente, así como el papel que desempeña el gobierno, las y los agentes involucrados, las y los demás actores que promueven la implementación de la innovación tecnológica a partir de los componentes clave que hacen que una ciudad sea inteligente y sostenible, basados en la Smart Cities Wheel o Rueda de Ciudades Inteligentes creada por Boyd Cohen, que comprende: economía, gobierno, sociedad, formas de vida, movilidad y medio ambiente, todos con el adjetivo “inteligente”.
Durante el proceso y desarrollo de la investigación, encontramos disposiciones que ya incorporan el fomento de la innovación, la productividad y la competitividad; de la implementación de un gobierno electrónico que ofrece servicios en línea e intenta otorgar el acceso a internet como un derecho fundamental y como un factor determinante para el desarrollo de las personas a través de la alfabetización tecnológica, pero además como una tarea pendiente con motivo de la crisis ocurrida por la pandemia mundial del virus SARS-COV2 que intensificó la necesidad de estar conectados a la red; que procura ciudadanos con acceso a la información y a mecanismos de participación activa.
Que aún no avanzamos con normas que promueven la mejora de la movilidad mediante vehículos que funcionen con energías renovables y que continúa pendiente la sustentabilidad a través de la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático, porque, aunque ya hay herramientas tecnológicas que tutelan derechos ambientales mediante el seguimiento y la recopilación de información generada de forma participativa para fomentar el acceso a la información y la sensibilización de la sociedad, las empresas y las entidades gubernamentales continúan sin tener impactos positivos.
Así entonces, entre los resultados, obtuvimos datos e información que nos confirman que la carencia de un modelo de organización básica de ciudades inteligentes por parte del Estado, ha impedido implementar políticas públicas integrales y coherentes para el desarrollo sostenible. Por ello, si el Estado como impulsor de este proceso, adapta las disposiciones existentes y actualiza el marco legal pensado en garantizar el derecho a una ciudad inteligente y sostenible, conseguirá proteger la habitabilidad y una mejora en la calidad de vida a partir de la materialización efectiva de este derecho humano emergente.
Parte de los resultados aquí descritos fueron publicados en el libro colectivo Ciudades Inteligentes y Sostenibles: garantizar la habitabilidad a través de los derechos humanos en 2023 cuyo enlace es: https://editorial.tirant.com/mex/libro/ciudades-inteligentes-y-sostenibles-garantizar-la-habitabilidad-a-traves-de-los-derechos-humanos-jessica-c-romero-michel-9788419471987
*Profesora Investigadora de la Facultad de Derecho, docente de los Doctorados Interinstitucionales en Derecho (DID) y en Economía Social y Solidaria (DIESS) e integrante del cuerpo académico “Derecho, Desarrollo e Innovación” de la Universidad de Colima
Las opiniones expresadas en este texto periodístico de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a El Comentario.
