Vecinos de Cuyutlán, encabezados por Abel Estopín, y acompañados por especialistas, así como por salineros y ejidatarios, reiteraron en una conferencia de prensa que se oponen a la instalación de una planta de producción de amoniaco y urea, además de exponer sus sospechas de irregularidades en el cambio de uso de suelo o en el correspondiente estudio de impacto ambiental.
Además, lamentaron la nula actuación de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), quien hace años paró la construcción de 2 hoteles. En el caso que se denuncia, afirmaron, que no se ha presentado personal de la dependencia para detener la construcción de la fábrica que estaría a menos de 100 metros de una línea de manglares.
Lourdes Gutiérrez, bióloga, aclaró que no se trata de una planta, sino de 2 porque una es la de amoniaco y urea, pero para que exista debe haber una planta desalinizadora. “Esa se necesita para extraer el agua en grandes cantidades, desalinizarla y meterla a un proceso de producción de la urea y amoniaco. Esas 2 plantas se ubican en áreas sensibles ambientalmente”.
La planta desalinizadora, explicó, colinda con el estero Palo Verde, particularmente con una línea de manglares protegidos por la Norma Oficial 022. Además, enfatizó que el ordenamiento ecológico de la subcuenca de Cuyutlán prohíbe ese tipo de acciones.
Destacó que el terreno era agrícola hasta el año 2016, cuando se solicitó el cambio de uso de suelo para la construcción del patio seco. “En ese entonces, el Cabildo o presidente en turno hicieron ese cambio de uso de suelo, pero un patio seco no tiene tanto impacto ambiental como una planta de amoniaco, y eso se tiene que consultar más arriba y también con la población; entonces se hizo la modificación en corto. El proyecto anterior no se realizó y para el nuevo se debió presentar un programa de urbanización”.
La especialista afirmó que ese tipo de fábricas son de alto riego por emisiones, incendios, explosiones y fuga, lo cual debe estar contemplado en el estudio de riesgo que la empresa debe presentar a la Semarnat.
Recordó que hay un historial largo de accidentes de plantas de ese tipo que deben estar lejos de asentamientos humanos. En el caso de Cuyutlán, estaría a menos de 3 kilómetros de la población, a menos de 100 metros de una línea de manglares y del pozo de abastecimiento de agua para consumo humano.
Aclaró que inconformes como ella, no se oponen al desarrollo y a las inversiones, pero pidió a la gobernadora Indira Vizcaíno y a las autoridades, que busquen terrenos factibles para la construcción de la planta. “Que se hagan los estudios adecuados para que el progreso venga, pero de manera ordenada”.
Por otra parte, informó que la ley contempla una consulta popular obligatoria convocada por la Semarnat, dependencia que está obligada a considerar las opiniones de la comunidad, lo que no se hizo, salvo un aviso por internet donde se pedía la opinión.
Recordó que cuando la Semarnat recibe el estudio del impacto ambiental, por ley se obliga a notificar a los gobiernos involucrados, incluyendo al municipal, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga. “Podemos pensar que la Semarnat envió el estudio a todas las autoridades, que tenían que haberlo conocido, pero si ellos no lo conocen, mucho menos en la comunidad”.
Enfatizó que no existe en el Mundo ninguna planta de ese tipo que no impacte en el medio ambiente, pues el agua a usar “va de regreso, normalmente al mar. Dicen que la van a desechar en 19 pozos, pero primero tienen que construirlos y esa agua viene con otra temperatura; todo eso causa desequilibrios y teniendo el estero tan cerca, claro que sí va a afectar”.
Por último, hizo un llamado a la Profepa: “Ellos seguido vienen a pedir los permisos de prestadores, quieren todo en regla y sino, se los friegan. Ahora con esta magnitud de problema, con más razón deberían de estar haciendo algo e iniciar por aplicar la ley”.
Por su parte, Abel Estopín reiteró a nombre de los vecinos de la comunidad, su rechazo a la construcción de la fábrica de amoniaco y urea, destacando que están a favor de empresas e inversiones que generan turistas en sus playas y derrama económica, no este tipo de proyectos.
Recordó que “se empezaron a construir 2 hoteles, lo que quiere decir que sí hay empresarios que creen en el potencial de las playas, pero también, cuando ya habían invertido, vinieron dependencias del Gobierno, les pararon y clausuraron las obras. Esa infraestructura no daña a nadie y trae beneficios, eso es lo que debemos apoyar”.
Mencionó que con los pocos elementos que se tiene sobre la operación de la planta, se sabe que son muchos los riesgos y el daño que puede ocasionar al ambiente, salud, a la imagen de pueblo, a los pescadores, salineros y a la misma población de Cuyutlán. “Ojalá que la gobernadora siga siendo su postura de negativa. Esperamos que el Gobierno sí apoye a empresas, pero a las que no generan riesgo”.
Estuvieron presentes José Manuel Gutiérrez Espinoza, ejidatario de Cuyutlán; Héctor Raúl Delgado Cervantes por los salineros de Colima; Benfil Mérida Villatoro, de la Cooperativa de Salineros del Ciruelo, así como Alfredo Hueso Alcaraz, de la Cooperativa de Pescadores de Pula.
