Cuando la sociedad señala: estigma y futuro de los jóvenes infractores.
Por José Antonio Medina Palacios
En México, cada año cientos de adolescentes se ven frente a la justicia penal, acusados de haber cometido algún hecho que la ley señala como delito. Según datos provenientes del INEGI, en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en el apartado de Estadísticas Sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL), durante el año 2023, 32,852 personas adolescentes fueron imputadas por la presunta comisión de un delito. De las cuales, 25,456 fueron hombres y 6,629 mujeres. De estas, 231 pertenecen al estado de Colima. Para la mayoría de la población, la idea de que un joven esté relacionado con un robo, con la venta de drogas o incluso con un acto violento suele provocar una gran indignación. Muchos piensan que “si ya se portó como adulto, debe ser juzgado y tratado como adulto”. Sin embargo, la ley mexicana contempla algo distinto: existe un sistema especial de justicia para adolescentes, basado en la idea de que los jóvenes aún están en proceso de formación y que, en lugar de ser únicamente castigados, deben tener una segunda oportunidad para reintegrarse a la sociedad.
Desde el año 2016 en nuestra legislación se encuentra vigente la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que establece cómo deben ser procesados los menores de entre 12 y 18 años incumplidos, que cometen algún delito. La diferencia fundamental con el sistema de adultos es que aquí se aplican medidas llamadas socioeducativas, que pueden ir desde acudir a terapias psicológicas, realizar servicio comunitario, asistir a programas de estudio, hasta, en los casos más graves, el internamiento en centros especializados. La idea central es que el joven aprenda, se responsabilice y tenga una oportunidad de reconstruir su vida, en lugar de ser arrojado a un sistema penitenciario que en muchos casos solo destruye lo poco que quedaba de su futuro.
Un punto clave es que estos adolescentes no dejan de tener derechos humanos. La Constitución de nuestro país y diversos tratados internacionales señalan que deben tener acceso a un juicio justo, a recibir educación, a mantener la comunicación con su familia y a ser tratados con dignidad. El principio que guía todo este sistema es el interés superior de la niñez y la adolescencia, lo que significa que cualquier decisión debe buscar lo que más favorezca el desarrollo integral del joven, incluso si cometió un delito. Esto no implica dejar en el olvido a las víctimas ni ignorar el daño que se causó, sino equilibrar la necesidad de sanción con la posibilidad de que el adolescente se reinserte en la sociedad como una persona productiva.
Sin embargo, la realidad no siempre coincide con la teoría. Los centros especializados para adolescentes suelen estar saturados y carecen de programas efectivos de educación y capacitación laboral. Muchas veces el trato que reciben los jóvenes termina siendo muy parecido al de una cárcel común. A esto se suma un problema social: la estigmatización. Una vez que un adolescente es señalado como delincuente, la mayoría de la sociedad lo marca para siempre, cerrándole las puertas al empleo y a la escuela. Este rechazo aumenta las probabilidades de reincidencia, porque el joven, sin oportunidades, regresa al único entorno que le ofrece pertenencia y sustento, es decir, al del delito.
Las causas detrás de la delincuencia juvenil tienen raíces en la pobreza, la falta de educación, la violencia familiar y el reclutamiento por parte de los grupos delincuenciales. Ante ello, surge una pregunta: ¿queremos como sociedad enfocarnos solo en castigar o también en prevenir? Castigar es necesario, pero si no se ofrecen oportunidades de estudio, empleo y apoyo psicológico, el ciclo de violencia se repetirá. Un adolescente que comete un error grave aún puede cambiar su vida, siempre que encuentre cercanas herramientas y no muros de estigma y rechazo. Invertir en prevención y segundas oportunidades no solo rescata jóvenes, también construye un futuro más seguro para todos.
Los adolescentes que enfrentan a la justicia penal en México nos muestran una realidad incómoda de asimilar o digerir: no basta con aplicar la ley, hay que transformar las condiciones sociales que dan origen a la delincuencia. Si queremos menos violencia en el futuro, debemos invertir hoy en prevención, educación y segundas oportunidades. Porque al final, cada adolescente al que logramos rescatar del delito es un adulto menos en prisión y una esperanza más para el país.
*Estudiante del séptimo semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.
Esta columna forma parte del “Semillero de Formación de Jóvenes en Investigación Jurídica”, coordinado por el Doctor Amado Ceballos Valdovinos, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.
Las opiniones expresadas en este texto periodístico de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a El Comentario.
