La Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) informó en un comunicado de prensa que logró que un juez vinculase a proceso a Benjamín “N” por los delitos de uso de documento falso y falsedad ante autoridad no judicial, relacionados con el Proceso Electoral Local 2023-2024.
Según las investigaciones, los hechos ocurrieron el 4 de abril de 2024, cuando el imputado presentó documentación con información falsa al Instituto Electoral del Estado de Colima (IEEC), con el objetivo de obtener el registro como candidato del partido Movimiento Ciudadano a una diputación local por el principio de representación proporcional.
De acuerdo con la carpeta de investigación, Benjamín “N” acudió a las oficinas centrales del IEEC, ubicadas en la zona Centro de la capital, y entregó al Secretario Ejecutivo del Consejo General el formato de solicitud de registro de la lista de candidaturas a diputaciones. Como parte del trámite, anexó una constancia de residencia, en la que aseguraba haber vivido 5 años en el municipio de Minatitlán, requisito indispensable para ser elegible según lo establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y el Código Electoral local.
La investigación preliminar de la FGE determinó que el contenido del documento no correspondía a la realidad, ya que el imputado no cumplía con la residencia efectiva exigida por la ley. Esa conducta reviste especial gravedad, ya que atenta contra los principios de legalidad y certeza jurídica, además de constituir un engaño deliberado a la autoridad electoral. La presentación de información falsa en un proceso electoral puede afectar la transparencia y legitimidad de los comicios, poniendo en riesgo la confianza ciudadana en las instituciones.
El Juez de Control consideró suficientes los datos de prueba aportados por la Fiscalía y determinó vincular a proceso a Benjamín “N”, otorgando un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, la Fiscalía y la defensa tendrán oportunidad de reunir pruebas adicionales que sustenten sus posiciones para el eventual desarrollo del juicio.
La FGE enfatizó que ese caso evidencia la importancia de garantizar la legalidad en los procesos electorales y de sancionar cualquier conducta que implique falsificación de documentos o engaño a autoridades, con el fin de proteger los derechos políticos de la ciudadanía y la integridad de los procesos democráticos.
