Con 18 votos a favor y 7 en contra, las y los diputados locales aprobaron la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, derivada de la armonización con la reforma constitucional federal que extinguió el Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
La nueva legislación, integrada por 175 artículos distribuidos en 7 títulos, establece un nuevo marco institucional en el que la Contraloría General del Estado asumirá el papel de autoridad garante local, sustituyendo al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (Infocol).
Entre sus principales novedades se incluye la creación del Subsistema Estatal de Transparencia, la integración del Comité Estatal para la Transparencia y la obligación de los entes públicos de publicar información actualizada de manera proactiva en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Durante la sesión ordinaria, las y los legisladores expresaron posturas encontradas.
La diputada Betzy Pinzón, del PRI, consideró que la reforma representa un retroceso en materia de transparencia, autonomía y acceso a la información, al desaparecer un órgano autónomo que funcionaba adecuadamente. “Con esta medida, se verá más compleja la garantía de este derecho”, advirtió, manifestando su voto en contra.
Por su parte, la diputada Sofía Peralta, del PAN, también votó en contra del dictamen, argumentando que la desaparición del organismo autónomo implica la pérdida de autonomía y credibilidad. Señaló que ahora la responsabilidad recaerá en la Contraloría del Estado, “lo que rompe el principio de rendición de cuentas”.
En contraste, la diputada Dulce Huerta, de Morena, afirmó que la nueva ley no debilita la transparencia, sino que la moderniza y amplía, al responder a un mandato constitucional derivado de las reformas federales. “La ley establece claramente las obligaciones de cada autoridad garante del derecho de acceso a la información pública, así como las sanciones para quien incumpla”, sostuvo.
