La importancia de las regiones en la conformación del México moderno, Aguascalientes y Colima ante el gobierno central
Por Francisco Javier Delgado Aguilar*
Desde su nacimiento como Estado-Nación en 1821, México estuvo sujeto a una tensión entre dos fuerzas políticas: las autoridades nacionales instaladas en la capital del país y las provincias y estados que conformaban el resto del territorio. Durante los siglos XIX y XX, a través de múltiples enfrentamientos y negociaciones, cada una de estas fuerzas definió sus facultades, atribuciones y esferas de influencia. En las primeras décadas del siglo XIX, el péndulo se inclinó hacia las provincias que, al concentrar los recursos financieros y militares, negociaban con ventaja ante la autoridad central.
Con el transcurrir de los años, el Gobierno general ganó fuerza y capacidad de influencia ante las autoridades de los estados: controló los principales impuestos, impuso su jurisdicción sobre los recursos naturales y fortaleció su capacidad de movilización militar. A fines del siglo XIX el proceso de centralización estaba muy avanzado y aunque se interrumpió por la Revolución mexicana de 1910, continuó y se reforzó a lo largo del siglo XX. Así, el péndulo que antes favorecía a las provincias se encuentra hoy del lado del Gobierno central, que concentra facultades e ingresos monetarios que le permiten negociar con los gobiernos estatales en una situación muy ventajosa.
La relación entre regiones y Gobierno central se ha manifestado de múltiples formas, dependiendo de la época y el lugar. Por su extensión territorial e ingresos, estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca o Nuevo León, fueron un reto mayor para la consolidación del gobierno central. Entidades pequeñas como Aguascalientes o Colima, también figuraron en este proceso, pues en diversos momentos del siglo XIX y XX se enfrentaron al Gobierno general y trataron de defender sus ingresos y facultades.
En Aguascalientes, una propuesta de reforma fiscal fue motivo para que las autoridades centrales intervinieran en la política local a inicios del período conocido como República Restaurada (1867-1876). Dicha reforma, impulsada por el gobernador Jesús Gómez Portugal, ordenaba un aumento en el pago de impuestos para los hacendados y rancheros de la región. Ante esta perspectiva, los propietarios afectados se ampararon ante el juzgado de distrito del estado para que no se les aplicara la nueva ley, con el argumento de que violaba sus derechos individuales.
Pertenecientes a la Suprema Corte de Justicia, los juzgados de distrito habían empezado a multiplicarse por el territorio nacional y fueron vistos en muchas regiones como instrumentos que el Gobierno general utilizaba para aumentar su influencia en los estados de la república. En Aguascalientes los amparos interpuestos por los hacendados no prosperaron, pero fueron una muestra de cómo las disputas políticas locales podían facilitar la intervención de las autoridades nacionales en los proyectos y la autonomía de las regiones.
Otro episodio de intervención de las autoridades nacionales en las finanzas locales ocurrió en Colima en 1881, cuando la cámara federal de diputados aprobó una ley que liberaba del pago de derechos la importación de sal procedente del extranjero. Esto amenazaba la economía regional, pues la producción de sal pasaba por una etapa de auge. Buena parte de los pozos de sal del estado se ubicaban en la hacienda de Cuyutlán, que entre febrero y mayo (época de zafra en la que se producía y recolectaba el producto) llegaba a recibir hasta 5 mil personas. Los impuestos que se cobraban a esta producción iban a parar a las arcas del municipio de Colima y para 1880 representaban el 25% de sus ingresos anuales.
Se entiende entonces que una ley como la que había aprobado la cámara federal de diputados, que permitía introducir sal del extranjero sin pagar impuestos, encendiera todas las alarmas entre las autoridades locales. Así, tanto el gobernador, como los diputados locales y el ayuntamiento protestaron ante el gobierno general, con el cabildo de la capital de Colima encabezando la movilización mediante la publicación de una “Representación” dirigida al Senado de la república.
En la “Representación”, los regidores del municipio describían las difíciles condiciones en las que se encontraba el comercio regional, que recibiría un duro golpe si se insistía en aplicar la medida aprobada por los diputados federales. En toda esta movilización, por supuesto, estaban mezclados los intereses personales, pues Francisco Santa Cruz, quien en 1881 ocupaba el cargo de gobernador, era también dueño de la hacienda de Cuyutlán y uno de los principales comerciantes de sal en el estado.
Los casos de Aguascalientes y Colima muestran las formas en que se expresó la compleja relación entre los representantes del Gobierno general y las instituciones y élites regionales. Ahondar en este tipo de dinámicas es importante porque permite conocer desde la perspectiva de las regiones la formación de México como un Estado-Nación.
Para mayor información sobre el presente texto, puede consultarse el siguiente enlace: https://zenodo.org/records/11416581
*Me desempeño como profesor en los siguientes programas de posgrado de la Universidad de Colima: Doctorado en Estudios Sociopolíticos para el Desarrollo Glocal de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Doctorado en Humanidades del Centro Universitario de Investigaciones Sociales y de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima.
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