La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano (MC) presentó este 1 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante el Congreso del Estado, para iniciar un juicio político en contra del Fiscal General de Colima, Bryant Alejandro García Ramírez, a quien acusan de presuntas violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local, la Ley General de Víctimas y la Ley de Juicio Político del Estado, entre otros ordenamientos.
El documento fue recibido por la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado. En él, el partido naranja argumenta que el Fiscal incurrió en declaraciones públicas que vulneran principios básicos de su cargo, como la independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, establecidos en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Movimiento Ciudadano señala como hecho central las declaraciones que García Ramírez realizó el pasado 12 de noviembre de 2025 a reporteros de diversas plataformas digitales, al referirse al homicidio de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Gabriela Mejía Martínez, ocurrido el 14 de octubre.
Durante esa intervención, el Fiscal afirmó que la víctima “tenía problemas económicos” y que había solicitado préstamos a distintas personas y al propio ayuntamiento, lo que -según MC- constituye una forma de revictimización, prohibida en el Código Penal Federal, Código Penal Estatal y la Ley General de Víctimas.
El partido califica esas declaraciones como “desafortunadas, inaceptables y contrarias a derecho”, pues –asegura- responsabilizan de manera indirecta a la víctima y afectan la integridad de la investigación, cuyo desarrollo debe mantenerse con estricto apego a la ley y sin emitir juicios públicos anticipados.
El posicionamiento de MC advierte que ningún funcionario público puede colocarse por encima del marco legal que rige la procuración de justicia en el estado. “No puede ser omiso ni emitir declaraciones irresponsables”, señala el documento, y añade que será el Congreso quien determine la procedencia del juicio político y, en su caso, la sanción correspondiente.
La Comisión de Responsabilidades del Congreso deberá revisar la solicitud, analizar los elementos presentados y decidir si inicia el procedimiento formal de juicio político.
