El derecho a la educación, frente a la Inteligencia Artificial
Por Adriana Fernanda Ceballos Fuentes
La inteligencia artificial no apareció de la nada, ni llegó a la educación como una decisión planeada. Su función siempre ha sido optimizar procesos, y por eso hoy atraviesa casi todo lo que hacemos, incluso cuando no somos conscientes de ello. Está en el correo electrónico, en las plataformas de entretenimiento, en las compras en línea en los consejos de desarrollo personal y en muchas de las herramientas que usamos a diario. Pensar que siempre elegimos usarla es engañoso: la mayoría de la tecnología actual funciona, de una u otra forma, con inteligencia artificial.
En la educación ocurre lo mismo. Aunque el debate siga abierto y genere posiciones encontradas, la inteligencia artificial ya forma parte de los entornos educativos. Está integrada en las plataformas que se usan para estudiar, investigar, organizar tareas o presentar trabajos. No llegó con un aviso oficial ni con reglas claras; simplemente se volvió parte del proceso de aprendizaje.
Aun así, la respuesta institucional ha sido, en muchos casos, la prohibición. Prohibir usarla, prohibir hablar de ella, prohibir siquiera intentar entenderla. Esta reacción no protege la educación ni mejora el aprendizaje. Solo evidencia el rezago de un sistema que responde con control cuando no sabe cómo adaptarse.
El problema no es si la inteligencia artificial fomenta la trampa. Esa discusión se queda corta. La IA no pone en crisis el aprendizaje, pone en crisis un modelo educativo que sigue premiando la repetición por encima de la comprensión.
Se ha demostrado que la inteligencia artificial puede personalizar el aprendizaje, adaptar métodos de enseñanza y ofrecer retroalimentación inmediata, lo que permite detectar dificultades a tiempo y acompañar en los procesos educativos. Existen plataformas que ajustan contenidos, sistemas de tutoría digital y herramientas que apoyan el aprendizaje autónomo. No es una promesa futura: ya ocurre.
Pero también es cierto, que existen riesgos reales. El mal uso, la dependencia tecnológica, la privacidad de los datos y la desigualdad en el acceso no pueden ignorarse. Actualmente, existe debate sobre la necesidad de reflexión y regulación, advirtiendo que la mayoría de los países todavía no cuentan con marcos normativos. No se trata de frenar la tecnología, sino de darle reglas claras.
En este punto, mirar experiencias como la de Chile donde se ha avanzado con políticas públicas en la materia, como la aprobación de un Marco Orientador de Competencias Digitales Docentes, que es una guía la formación del profesorado frente a la transformación digital y coloca el aprendizaje en el centro. Lo relevante es que se pone en el centro las prácticas que favorecen el aprendizaje y el papel de la tecnología como apoyo, no como sustituto.
Aunque el debate sigue abierto y genera posturas encontradas, la inteligencia artificial ya está presente en los entornos educativos, se acepte o no. Está integrada en las herramientas que se utilizan todos los días: en la paquetería de Microsoft, en Cava, en las propias aplicaciones de Inteligencia Artificial Generativa (Iag) como ChatGPT, Gemini IA, entre otras como lo son las aplicaciones para investigar, citar, resumir o estudiar. Negar su presencia en el aula no la elimina; únicamente la vuelve invisible y deja su uso sin regulación clara.
Hoy, muchas personas aprenden a usar estas herramientas de manera autónoma, en un contexto donde aún no existen lineamientos claros, criterios éticos, ni garantías suficientes sobre el uso de la información. Esto no responde necesariamente a una falla individual, sino a un proceso de adaptación institucional que todavía está en proceso.
Entre prohibiciones y rezagos, la educación continua ajustándose a una realidad tecnológica que avanza con rapidez. Cuando el sistema no logra acompasarse a su tiempo, los efectos se reflejan directamente en los procesos de aprendizaje. De ahí la importancia de avanzar hacia marcos claros que permitan aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial sin perder de vista la formación integral y la protección de derechos.
*Estudiante de tercer semestre de la Facultad de Derecho.
Miembro del “Semillero de Formación de Jóvenes en Investigación Jurídica” coordinado por el Dr. Amado Ceballos Valdovinos.
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