Por José Luis Negrete Ávalos
En el acontecer de un México que de forma inevitable parece encontrarse con la división entre lo urbano y lo rural, entre el campo y la ciudad, donde aparentemente las problemáticas y situaciones que enfrentan quienes viven en cada uno de estos sitios, encuentran diferencias visibles, considerando las características de cada uno de los entornos señalados, generando con ello diversas perspectivas de actuación por parte de los gobiernos.
De acuerdo a los niveles municipal, estatal o federal, condicionando las estrategias y acciones que permitan otorgar a corto y mediano plazo una probable respuesta.
Una respuesta en torno a estas situaciones que vuelven evidentes esas diferencias sobre lo rural y urbano sin embargo, existen efectos directos sobre el acontecer diario en ambos contextos, sin importar la ubicación de las poblaciones o de las ciudades que sufren por igual deficiencias latentes.
El tema sobre el abasto de agua, es una preocupación recurrente ante la necesidad primordial de contar con el vital líquido, las decisiones y las situaciones sobre el manejo adecuado y la distribución precisa de este recurso indispensable son hechos que generan debate y controversia en el entendido de la preservación y cuidado del mismo.
En ese sentido el entramado legal aparece nuevamente en escena, a través de los tratados internacionales que de forma histórica entrelazan la vida de las naciones; como es el caso de los Estados Unidos y nuestro país, la pauta marcada en el marco constitucional, que fortalece la intención humana para distribuir el recurso hídrico, las leyes y reglamentos que en principio tienen el objetivo de erradicar desigualdades y fortalecer las acciones referentes al abasto.
Ante este hecho la pregunta que aparece se dirige directamente hacia: ¿Cómo garantizar la distribución equitativa y justa de agua potable sin que las leyes o reglamentos sobrepasen los derechos de las comunidades rurales?
La respuesta a esta pregunta debe considerarse desde un punto objetivo entendiendo que el marco jurídico que desde su origen pretende adecuar normas a los entornos en los cuales se pretende la distribución de agua a la población para utilizarla en diversas actividades que a su vez permitan generar beneficios subsecuentes dentro de las dentro de los territorios donde se encuentra disponible.
Por medio de acuerdos, convenios o concesiones que deriven en procesos de mejora y aprovechamiento adecuado del recurso, a las propias comunidades o a particulares.
Pero siempre con el sentido particular en la comprensión de las características específicas de cada zona, de ahí parte la importancia de enmarcar las leyes sobre la realidad y la circunstancias en las que las comunidades precisan su desarrollo, si ese sentido se desvía, entonces que existe una problemática mucho mayor a la que en un principio se pretendió brindar una respuesta.
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