De acuerdo con datos de la Dirección para la Atención Integral de la Discriminación y la Violencia de Género de la Universidad de Colima (UdeC), durante el año que termina se atendieron en nuestra institución 238 quejas por discriminación y violencia de género.
Cierto, esa cifra incluida en el informe de labores que presentó Mónica González Torres, titular de la Dirección para la Atención Integral de la Discriminación y la Violencia de Género, incomoda y obliga a mirar de frente una realidad que atraviesan las instituciones educativas del país: la violencia de género existe también en los espacios universitarios. Su erradicación sigue exigiendo medidas firmes institucionales.
Las anteriores cifras también permiten una lectura más profunda y, en algunos aspectos, alentadora. El incremento sostenido de quejas desde 2021 no necesariamente habla de un aumento de la violencia, sino que refleja una mayor confianza de la comunidad universitaria en los mecanismos de denuncia. Denunciar es, en sí mismo, un acto de valentía; que cada vez más personas se atrevan a hacerlo revela que el correspondiente protocolo es una vía real de atención.
Resulta especialmente significativo que el 90% de las personas denunciantes sean alumnas y que el 93% haya aceptado acompañamiento psicológico. Esos datos confirman 2 cuestiones: que las mujeres jóvenes siguen siendo las principales receptoras de la violencia y que la UdeC ha logrado ofrecer un entorno de respaldo que evita la revictimización y apuesta por el cuidado integral.
El informe también desnuda una realidad incómoda: 8 de cada 10 personas señaladas son alumnos varones, lo que obliga a repensar de manera urgente la formación en masculinidades, convivencia y responsabilidad afectiva desde edades tempranas.
En ese sentido, el énfasis reeducativo del correspondiente protocolo -reflejado en procesos formativos, círculos de reflexión y programas como el de Masculinidades para la Igualdad y la No Violencia- apunta en la dirección correcta. Castigar sin transformar difícilmente rompe los ciclos de violencia.
No obstante, la Universidad también ha dejado claro que hay límites infranqueables. Las sanciones graves, incluida la suspensión definitiva de un estudiante y la rescisión de 5 trabajadores, envían un mensaje contundente: la tolerancia institucional tiene un punto final cuando la integridad y la dignidad de las personas están en juego.
La transparencia en esos casos, a través de comunicados oficiales, fortalece la credibilidad del protocolo y reafirma el compromiso con la rendición de cuentas.
