Por José Luis Negrete Ávalos
En medio de un mundo digital que toma como característica principal la necesidad de la inmediatez, en cada una de las acciones que se realizan, en cada tema que la sociedad considera importante para integrar en el entorno público, para desarrollar en el mismo, abriendo la posibilidad de una mejora en distintos aspectos, o por lo menos la intención de hacerlo, particularmente aquellos que involucran la participación de los entes gubernamentales en cada uno de sus ámbitos, municipal, estatal, y federal.
Para concretar el objetivo principal por el cual son electos como servidores públicos, y por tanto la obligación de mostrar a la población sus acciones y resultados, es decir, dar cuenta de su actuar.
En esa misma línea se encuentra el ejercicio básico del acceso a la información que los ciudadanos tienen como herramienta, como derecho constitucional, y obligación para formar a través de esta un criterio propio, y a su vez, conformar una decisión futura sobre sus representantes.
Pero un dilema surge al proponer una cuestión alrededor de la información, y la institución encargada de garantizar dicho acceso, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
¿El derecho a la información está desvaneciéndose en la bruma de la polarización política?
Ante la crisis que desde hace meses ocurre por la omisión en la designación de los comisionados de este organismo, y el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que la Cámara de Senadores, realice esta función que les corresponde, la respuesta podría darse de forma directa, sin embargo, no solo se centra en la dificultad en la designación de los prospectos para el instituto.
Recae en la toma de decisiones como efecto dado por la política, la discusión, los acuerdo y desacuerdos que aparecen con recurrencia en la realidad de este escenario, lo que complica este hecho es que, en medio de este dilema, están el derecho del acceso a la información, la transparencia, y la percepción que los gobiernos pretenden, pero que en concreto propician perdida de legitimidad, y alejamiento de una oportuna comunicación con la sociedad.
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