Texas: revisiones a la transportación carretera
Por Alejandro Bernal Astorga
La cercanía y el libre comercio entre México y los Estados Unidos son clave para que 7 millones de camiones de carga crucen anualmente la frontera entre ambos países, de ahí que el 80% de su comercio bilateral es terrestre.
En el proceso de exportación de mercancías, se superan barreras arancelarias y no arancelarias aplicables a la carga y al medio que la transporta; además en Estados Unidos (EUA) el Gobierno federal y los gobiernos estatales hacen revisiones, al amparo de sus respectivos marcos jurídicos, para evitar actos ilícitos.
Para que el despacho aduanero a la exportación sea ágil y resguarde la seguridad nacional, se requiere infraestructura, equipo, personal y procesos acordes a la intensidad del intercambio comercial entre México y EUA. Además, el espíritu del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es facilitar el intercambio comercial entre los países socios.
En función de las rutas comerciales y nodos logísticos ubicados en la frontera norte del país, gran parte de la exportaciones e importaciones manufactureras se realizan a través de tres cruces fronterizos ubicados entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas.
Destacan el puente Córdova – América cerrado actualmente a cruces de carga desde el 18 de septiembre, (por el transita el 20% de las exportaciones), el puente de Ysleta-Zaragoza (atiende al 70% de la carga y colinda con Texas) y el de San Jerónimo – Santa Teresa, por el que cruza el 10% de la carga y no colinda con Texas.
Ante la crisis migratoria, el gobierno de Texas ha extremado sus medidas de revisión desde el 19 de septiembre y cuando la carga es liberada de la aduana estadounidense de Zaragoza-Ysleta, personal del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), revisa a todos los tráileres que cruzan, sin tener los recursos para hacerlo agilmente; si por este punto antes se realizaban 2,700 operaciones diarias en promedio, hoy solo se efectúan 600, generándose un déficit de 2,100 cruces.
Para aminorar esta problemática, la aduana mexicana y estadounidense han ampliado su horario de atención en 4 horas, brindando sus servicios de 6 de la mañana a 10 de la tarde, pero cuando los embarques llegan a la revisión del DPS texano, se forma un cuello de botella.
A la fecha, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) registra un rezago de 15 mil cargas a la exportación y el valor de la mercancía detenida asciende a más de 1,500 millones de dólares; imaginemos una fila de hasta 23 kilómetros (km) de tráileres esperando revisión durante un periodo de 24 a 48 horas.
Esta situación ha generado una crisis que se traduce en cierres, desvíos, incrementos en los tiempos de cruce y reducciones significativas en los volúmenes de exportación, ocasionando incumplimiento de contratos, desabasto para las ramas de producción y aumento de hasta un 300 por ciento en los gastos y tiempos de transportación.
Incluso, algunas empresas han comenzado a trasladar sus embarques a cruces como Nogales o Nuevo Laredo, ubicados a 568 y 947 km de Ciudad Juárez respectivamente o contratados vuelos charter para el envío de su carga.
La Canacar destaca que estas medidas tienen un impacto directo en la economía de los dos países, afecta a las cadenas de suministro, compromete los flujos comerciales en la región y pone en riesgo a decenas de miles de empleos en ambos lados de la frontera.
En México y en Estados Unidos la migración ilegal, es una atribución que corresponde al gobierno federal y no a los gobiernos estatales; recurrir a negociaciones protocolarias o a procedimientos jurídicos para buscar soluciones es una alternativa que requerirá capacidad de gestión, recursos o tiempo y esto es lo que las empresas afectadas menos tienen, ya que sus pérdidas son cuantiosas.
Es necesario también el posicionamiento que haga el Comité de Facilitación de Comercio del T-MEC sobre el tema, ya que estas disposiciones contravienen sus objetivos.
Una opción alterna y paralela, es que las autoridades y compañías mexicanas, sumen esfuerzos con las empresas estadounidenses que también son afectadas por los insumos hoy varados en la frontera, para que, en un entorno de próximas elecciones, negocien con su Gobierno.
