El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira ha acudido al Instituto de Medicina Legal de Cataluña para ser examinado por un forense que debe certificar si padece síntomas de demencia, como ha alegado su defensa ante el juez.
Según han informado a EFE fuentes jurídicas, el reconocimiento médico que se ha llevado a cabo por orden del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga el destino de los cerca de 7 millones de euros que el FC Barcelona pagó a Enríquez Negreira y a su hijo entre los años 2001 y 2018.
Negreira ha llegado caminando al Instituto de Medicina Legal de Cataluña junto a su mujer y su abogado y en un momento dado ha tropezado y ha caído al suelo, si bien se ha podido levantar con el apoyo de sus acompañantes y ha proseguido su marcha hasta el edificio donde le practicarán las pruebas.
El objetivo de la prueba es comprobar si el investigado, de 78 años, sufre un deterioro cognitivo que le incapacita para poder afrontar un proceso penal, argumento que adujo su defensa ante la Fiscalía cuando el ministerio público estaba todavía investigando el caso, lo que derivó en una denuncia ante el juzgado contra Negreira y contra los expresidentes del Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.
Para ello, la defensa de Negreira esgrimió un informe del Alzheimer Center de Barcelona que certifica que el exárbitro sufre una “demencia leve”, con alteración de la memoria o el lenguaje, pero permanece parcialmente orientado “en tiempo, espacio y persona”.
Una vez la denuncia de Fiscalía ya estaba en manos del juzgado, Daniel Pérez-Esqué, abogado de Negreira, presentó otro documento ante el magistrado instructor en el que reiteraba la situación de incapacidad del excolegiado, remitiéndose al informe del Alzheimer Center.
Con la exploración encargada al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMLCFC), el juez instructor pretende confirmar no solo la demencia que Negreira alega sufrir, sino también determinar si estará en condiciones de ser interrogado como investigado y, en un futuro, responder ante un eventual juicio.
De hecho, el magistrado tiene aún pendiente citar a declarar a Negreira y a los exdirectivos del Barcelona a quienes denunció la Fiscalía por los pagos al exárbitro y a su hijo, que el club justificó con que correspondían a informes sobre arbitrajes.
En paralelo, la Guardia Civil está analizando la documentación intervenida en el registro que ordenó el juez de las oficinas del Comité Técnico de Árbitros (CTA) situadas en las dependencias de la Federación Española de Futbol (RFEF) en Las Rozas, Madrid, así como la que ha aportado el FC Barcelona sobre el caso, a requerimiento del juzgado.
A finales del mes pasado, el instructor dictó un auto en el que acordaba imputar un delito de cohecho a los denunciados en el Caso Negreira, que se suma así a los de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales que hasta ahora se les atribuían.
El juez sospecha que los pagos al exárbitro y a su hijo pudieron obedecer a una “forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de futbol”, en un contexto de una “posible corrupción sistémica en el seno del CTA” en la época en que Negreira era vicepresidente de este organismo.
