Por José Luis Negrete Ávalos
En el desarrollo de la política mexicana, en las características democráticas que busca y reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde visiblemente se considera la separación de poderes, para otorgar equilibrio a las características y funciones de cada uno. En ese entendido se ha previsto a lo largo de la historia de nuestro país, esa esencia, esencia que pueda permear en las acciones, en los procesos, en la conformación y fortalecimiento a favor de la propia sociedad.
Desde esa idea se concentran los elementos normativos que indican las tareas y objetivos principales de los poderes Legislativo. Ejecutivo, y Judicial donde cada uno pueda interactuar dentro de los límites señalados plenamente.
Pero este ejercicio es con base a la expectativa sobre la actuación precisa y correcta de los mismos, es decir, por parte de los actores que están presentes en esa interacción.
Pero ¿qué sucede cuando ese equilibrio de poderes entra en conflicto o contradicción respecto a sus funciones y sus límites?
Bajo el enfoque de esta cuestión puede buscarse una posible respuesta, tomando como ejemplo el caso que en las últimas semanas ha estado presente en la esfera pública, los fideicomisos del poder judicial, y la disposición del poder legislativo para observar si es justa la extinción o, por el contrario, la permanencia de estos es necesaria.
Todo parte de la justa discusión, pero cuidando en todo momento la separación de poderes, pues se corre el riesgo de quedar estancados en la contradicción de esencia del equilibrio, pues será reconocible entonces el valor de la democracia, que se enriquece con la coordinación de cada actor que lo integra.
Ya que la estabilidad respecto a los distintos poderes es al mismo tiempo, un reflejo del orden social; el Estado de derecho, y la credibilidad para quienes están en los distintos niveles, Municipal, Estatal y Federal.
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