¿Para qué sirve el derecho en el acceso a la información?
Por José Cárdenas Sánchez*
El derecho de acceso a la información tradicionalmente se ha estudiado desde el punto de vista de sus beneficios en el combate a la corrupción, mediante una mayor transparencia y rendición de cuentas. No obstante, este es solamente uno de los muchos de sus beneficios para las personas en general, aunque ciertamente uno de los más importantes. Sin embargo, durante casi una década hemos explorado otras utilidades, que contribuyen sustancialmente a cambiar la vida de las personas, alcanzar otros derechos humanos y superar el statu quo de aquellos que están en desventaja.
Nuestro primer hallazgo, que sin embargo no es nada nuevo, es un derecho “llave” o instrumental, cuyo uso facilita la posibilidad de alcanzar otros derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión y la deliberación pública, a la salud, a un medio ambiente sano, al trabajo, a la educación, etc.
Este derecho tiene un mecanismo específico para su ejercicio que es la solicitud de información. El sistema mexicano establece en la legislación un conjunto de “sujetos obligados” a los cuales se puede dirigir dicha solicitud mediante diversas vías, la más utilizada es la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), asimismo, se determina un plazo de respuesta y un sistema de quejas para el caso de negativas de información.
En México, aproximadamente 4 de cada 10 solicitudes provienen de académicos o estudiantes. Por tanto, en una primera investigación, mediante el capítulo: “La solicitud de información como técnica de investigación en las ciencias sociales. El caso de México”, analizamos las ventajas de la solicitud de información para el sector académico como un método de recopilación de información relevante para la investigación científica.
Posteriormente, a través del artículo de investigación: “Uso de las solicitudes de información por periodistas y abogadas y abogados. El Caso de México”, de próxima publicación en la Revista Encrucijada, analizamos la forma en que este grupo de personas usuarias se benefician con una solicitud de información. Los resultados muestran que estas personas son las principales impulsoras de la legislación de acceso a la información en el mundo, y por tanto entre sus principales usuarias, no obstante, con distintos resultados, pues mientras la práctica periodística se muestra más afinada y con una mayor tasa de éxito a pesar de la politización de sus solicitudes, el grupo de abogados y abogadas muestra un uso más limitado al ámbito local, con una menor tasa de éxito debido a que algunos documentos solicitados pertenecen a la categoría de datos personales y requieren ejercer dicha vía procesal, para esto se presentan algunas recomendaciones.
De esta manera, al menos 1 de cada 10 solicitudes de información en México es de una persona periodista. Tales solicitudes tienen un fin público, que genera utilidad social, en la medida que se ejerce vigilancia sobre las actividades del gobierno, por tanto tienden en mayor medida a la politización y se esperaría una mayor resistencia de las personas funcionarias al momento de elaborar respuestas, debido a los efectos potenciales de su divulgación, es decir, tienden a recibir respuestas políticas, y resulta probable inclusive que el gobierno desarrolle esquemas de identificación de solicitudes para darles un trato mucho más cauteloso. Los resultados muestran que este derecho es una herramienta valiosa para las personas periodistas y que la prensa en México lo utiliza regularmente para denunciar excesos del poder y del uso de los recursos públicos, en su mayoría del poder ejecutivo.
Por otro lado, al menos 2 de cada 10 solicitudes de información en nuestro país corresponden a personas particulares o de sus abogados y abogadas, aunque según nuestro estudio, serían muchas más. No obstante, se trata de solicitudes que no necesariamente cuestionan al gobierno ni tienen fines de divulgación sino, más bien, están impulsadas por preocupaciones personales y muchas veces pecuniarias (relativas al dinero en efectivo), por tanto, tienden menos a la politización.
La mayoría de solicitudes de este tipo corresponden al ámbito local, y a peticiones de expedientes administrativos o alguna parte de estos, las cuales, no obstante, presentan un alto porcentaje de respuesta negativas. De ahí, la necesidad de una buena estrategia jurídica, antes de presentar una solicitud de información en este ámbito, es decir, se deben valorar dos aspectos: si se trata de información pública o datos personales (y el alcance probatorio en cada caso), así como la conveniencia de señalar de forma expresa el número de expediente judicial en el cual se usará la información solicitada.
*Investigador posdoctoral en la Universidad de Colima
