Por Jesús Centeno
Un año después del descontento generalizado con la política del “Covid cero” que provocó protestas en ciudades como Pekín y Shanghái, la ola de desobediencia ha perdido fuelle mientras algunas personas siguen detenidas por su implicación en aquellas manifestaciones, según las ONG de Derechos Humanos.
Hace ahora un año, cientos de personas salieron a las calles para mostrar su rechazo a las restricciones entonces vigentes -como los confinamientos y test masivos a la población- y alzar hojas de papel en blanco que representaban su oposición a la censura.
Las protestas pacíficas y las vigilias estallaron tras la muerte de diez personas en un edificio aparentemente confinado en la región de Xinjiang (noroeste), dado que se les habría impedido escapar de un incendio debido a las restricciones.
En Pekín, los manifestantes corearon consignas como “devolvedme mi libertad” e incluso reclamaron la dimisión de su presidente, Xi Jinping, alabado entonces por la prensa oficial como principal adalid de la política antipandémica del país.
Algunos internautas publicaron también artículos en la red social WeChat que únicamente se componían de palabras como “bien”, “sí” o “de acuerdo”, en protesta por la eliminación sistemática de contenidos críticos con el desempeño de las autoridades.
Política desmantelada y manifestantes detenidos
Poco después de las protestas, las autoridades desmantelaron la política de “Cero Covid’ dando lugar a una gran ola de contagios que desembocó en una alta presión hospitalaria y decenas de miles de muertes.
Las autoridades reaccionaron con un aumento del despliegue policial y vallando áreas con la intención de impedir que las marchas se repitieran, y algunos testimonios en redes denunciaron detenciones de personas que, según varias fuentes, se prolongaron durante meses.
La ONG de Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) denuncia la detención de “decenas de estudiantes, periodistas, artistas, profesores y otras personas, en particular muchas mujeres, que participaron en las protestas”.
Se les acusó de “provocar disputas y problemas”, delito que en China se utiliza con frecuencia para “criminalizar protestas pacíficas” y “acallar críticos”, según las oenegé, y que conlleva sentencias de hasta 5 años de prisión.
También hay que sumar otras “desapariciones forzadas”, de acuerdo con HRW, que denuncia casos desconocidos públicamente “dada la práctica de las autoridades chinas de amenazar a las familias de los detenidos para que guarden silencio”.
“Las autoridades deberían liberar incondicionalmente a todos los detenidos por criticar pacíficamente la respuesta del Gobierno a la pandemia, así como a quienes participaron en esas protestas”, señala la experta Elaine Pearson, directora para Asia de HRW.
Pearson agrega que varios manifestantes fueron liberados pocos días después, mientras otros salieron en los meses posteriores.
Pero algunos, asegura, siguen en prisión.
“Kamile Wayit, una estudiante uigur de 19 años, sigue detenida en Xinjiang por ‘promover el extremismo’ tras compartir un vídeo de las protestas por Internet. Y un estudiante chino de 23 años que vivía en Hong Kong, Zeng Yuxuan, fue condenado a seis meses por ‘sedición’”, señala.
Zeng, asevera, fue “deportado a China continental” y desde entonces no se sabe de él.
El “hombre del puente”, también en prisión
Un mes antes de las protestas, un hombre posteriormente identificado como Peng Lifa, colocó en un céntrico puente de Pekín pancartas con mensajes contra Xi y quemó algunos objetos para crear una columna de humo que atrajese la atención de los peatones.
Sus pancartas mostraban mensajes como “No queremos pruebas PCR, queremos comer”, “No queremos líderes, queremos elecciones”, “No queremos revolución cultural, queremos reformas” o “Hagamos huelga para derrocar al dictador y traidor Xi Jinping”.
La Policía arrestó al individuo ipso facto y retiró todas las pancartas.
Después, las autoridades respondieron colocando guardas en numerosos puentes de Pekín, que entonces se hallaba en máxima alerta ante el comienzo el XX Congreso del Partido Comunista de China, en el que Xi logró un tercer mandato presidencial que lo coronó como el líder chino con más poder desde Mao Zedong.
Peng desapareció sin dejar rastro.
Aunque las protestas se evaporaron cuando el Gobierno cambió de política, las oenegé recuerdan que “algunos jóvenes pagaron un alto precio por atreverse a hablar” y que “fueron clave” para el cambio de política.
Pekín, afirma HRW, debería “permitir espacios públicos seguros para que la gente se exprese”: este año, hay quien ha encontrado otras formas, como los jóvenes que en Shanghái celebraron Halloween disfrazados de cámaras de vigilancia -en alusión al omnipresente control en el país asiático- o del ensayista y escritor Lu Xun (1881-1936), crítico con el Gobierno y la sociedad de su época.
Otros también han llorado recientemente la inesperada muerte del ex primer ministro Li Keqiang, quien, para algunos internautas, representaba, al menos económicamente, una China más abierta y vibrante.
Las opiniones expresadas en este texto periodístico de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a El Comentario.
