Por José Luis Negrete Ávalos
Lo justo sería esperar que el ejercicio de la política observe las posturas y opiniones para el desglose de acciones que asimilen en lo posible la voz colectiva que representa la sociedad, y los distintos matices que existen dentro de ella, para dar cuenta de la obligación que tienen los gobiernos y las administraciones para responder, para justificar su presencia en el poder.
Ese poder de decisión, que se encamine a hacer lógicas y viables las acciones, las políticas públicas, que a la par intentan sustentarse en la legislación, para la procuración de ese ejercicio que tendría que llevar implícita la vinculación con los derechos humanos señalados en los tratados internacionales y disposiciones legales existentes.
En días pasados se desarrollaría el “Foro de Consulta para la Inclusión de Grupos de Atención Prioritaria en Materia de ‘’Derechos Político Electorales” donde representantes de colectivos de la diversidad sexual, afrodescendientes, pueblos originarios y personas con discapacidad, participaron con motivo del proyecto de reforma de ley, sobre los derechos político electorales de estos grupos, a través de las sentencias que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolviera para aplicar acciones afirmativas a favor de los mismos, permitiendo que estas reformas electorales para el Estado de Colima, dejando un precedente, pero.
¿Estás reformas permitirán disminuir los efectos de la desigualdad y la discriminación en el terreno de la participación política de dichos sectores?
A primera vista, se puede considerar que el tema de la legislación sobre los derechos político electorales de estos sectores sociales, reducirá la brecha desigualdad, que las acciones afirmativas tendrán la relevancia precisa; claro está que es un avance el hecho de las reformas, de las modificaciones en la materia.
En una metáfora directa se diría que las bases del escenario electoral y político que se presenta para estos grupos, están puestas para el 2024, sin embargo, la buena ejecución de las reformas puestas a discusión depende de los actores involucrados en el tema.
Por supuesto las personas que integran a los grupos prioritarios, los partidos políticos, las instituciones encargadas de dar legalidad al proceso, pero, sobre todo la disposición de los legisladores para realizar con certeza un análisis detallado de la propia reforma, al mismo tiempo cumplir efectivamente lo dispuesto por el tribunal electoral, para asegurar lo que por derecho le corresponde a cada grupo.
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