Por Alicia L. Pérez
Gelasio Velázquez Saldierna recorre las calles de Houston en una camioneta de 1996 en la que traslada sus herramientas de trabajo con una precaución extrema por no contar con una licencia de conductor. Como hispano indocumentado, este mecánico aguarda con inquietud la entrada en vigor de la ley antiinmigrante SB4 de Texas.
Nacido en San Luis Potosí, Velázquez, de 43 años, llegó a Estados Unidos hace 23 años y desde entonces se dedica a la mecánica automotriz “a domicilio”. Con 2 gatos hidráulicos y un juego de llaves y dados de diversas medidas, va al auxilio de otros hispanos que requieren sus servicios.
“Soy un inmigrante indocumentado que tras vivir tanto tiempo así hasta le estoy perdiendo el miedo a ser arrestado”, confesó Velázquez.
Casado y con hijos de 19, 8 y 4 años, el mexicano es propietario de una casa que adquirió a un interés más alto que el promedio. Según cuenta, ese es el precio que deben pagar las personas que como él no han podido regularizar su estatus migratorio.
A las puertas de la promulgación de la SB4, aprobada en noviembre por el Congreso de Texas, dice que esta disposición agravará su ya de por sí precaria situación.
“Es una ley racista”, opina Velázquez, y asegura que muchas personas en su entorno, familiares y clientes, viven con expectación ante los previstos efectos y secuelas de la medida, cuya entrada en vigor está prevista para finales de febrero.
Entre otras implicaciones, la SB4 convertiría en delito menor el ingreso irregular de un migrante al país, y si reincide sería un delito grave, con penas de hasta 20 años de prisión.
Lo que ha creado mayor preocupación, sostiene a EFE la congresista de Texas Christina Morales , es que la SB4 permitiría a la justicia estatal ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso judicial y que las fuerzas del orden tengan la capacidad de arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ha ingresado ilegalmente al país.
“Y sin objeciones tendrán la facultad de ordenar la expulsión de migrantes en lugar de detenerlos y que prosiga su proceso judicial y migratorio”, detalló la representante estatal demócrata.
Miedo e indignación
Consuelo Ramírez, activista comunitaria y fundadora de Trabajadoras del Hogar sin Fronteras, una organización sin ánimo de lucro que vela por las mujeres jornaleras, recalca que el temor de la comunidad hispana es patente.
“Es otro ataque más que impulsa el miedo, la inseguridad y el coraje de familias migrantes que vienen a progresar y a salir adelante», dijo Ramírez a EFE.
La activista comentó que recibe decenas de llamadas a diario con interrogantes por la falta de información y de alternativas ante los efectos de la SB4, que se espera sea firmada en breve por el gobernador Greg Abbott.
“Los comerciantes hispanos que tienen familias mixtas, es decir que tienen permisos de trabajo o residencias permanentes o están tramitando su estatus, tienen pavor de que sus empleados y clientes decidan marcharse del estado”, indicó.
Texas tiene una población aproximada de 12 millones de hispanos (40.2% de los 30 millones de habitantes), de los cuales se calcula que 1.6 millones se encuentra en situación migratoria irregular.
Objeciones legales
Lina Hidalgo, la jueza administrativa y cabeza del gobierno del condado de Harris, el más grande de Texas, ha expresado su inconformidad con la aprobación de la SB4.
En una carta enviada recientemente al presidente Joe Biden, Hidalgo argumentó que la SB4 está en plena violación de las leyes migratorias que competen exclusivamente al Gobierno Federal.
“No tiene precedentes e incluso los legisladores de ambas bancadas, demócratas y republicanos, han manifestado abiertamente que esta ley es anticonstitucional”, señaló la funcionaria en la misiva.
Hidalgo subrayó que la SB4 no es la solución a la crisis migratoria que vive el país con la llegada masiva de migrantes que huyen de la violencia en sus países de origen y “que están dispuestos a arriesgar sus vidas para cruzar la frontera”, y urgió al mandatario a tomar acciones correctivas “para evitar tragedias inevitables que resultarían de esta legislación”.
La demócrata Morales recordó que la aprobación de leyes antiinmigrantes, en especial la SB4, es producto de la frustración republicana por la derrota legislativa de un proyecto de ley sobre bonos estudiantiles, que era una prioridad de Abbott y que no ha logrado los votos necesarios en el Congreso estatal.
“Por eso dirigieron toda su artillería en atacar a nuestra comunidad, siguiendo una retórica que se ha extendido políticamente a nivel nacional”, indicó Morales a EFE.
Abbott ya firmó otro proyecto de ley antiinmigrante, también llamado SB4, que exige una sentencia mínima de 10 años para cualquiera que proporcione transporte a un inmigrante indocumentado, el cual entra en vigor el 6 de febrero de 2024.
Las opiniones expresadas en este texto periodístico de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a El Comentario.
