El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reveló que entre la última semana de febrero de 2024 y la primera de marzo se celebraría el plebiscito que busca convocar para poner a consulta varias reformas clave de su plan de Gobierno.
En declaraciones a periodistas en una visita a la ciudad de Guayaquil, Noboa anticipó también que esta consulta popular tendrá de 12 a 14 preguntas, centradas en “el procedimiento de acción de las Fuerzas Armadas, la reforma del sistema judicial y elementos de generación de empleo y dignidad humana”.
De celebrarse en el último de semana de febrero, el plebiscito se haría dentro de los 100 primeros días de su mandato, conforme era su intención una vez que lo anunció al ganar los comicios presidenciales.
Con ello el jefe de Estado busca a acelerar la tramitación de una serie de medidas que considera urgentes dentro de un corto mandato de apenas año y medio que tiene por delante, tras haber asumido el cargo el 23 de noviembre.
Las preguntas planteadas por la administración de Noboa deberán pasar antes por el análisis de la Corte Constitucional, que validará si pueden ser objeto de la consulta o no.
En febrero de este año, su predecesor en el cargo, Guillermo Lasso, convocó una consulta popular de similares características donde sufrió un serio revés, pues los electores ecuatorianos votaron mayoritariamente en contra de las medidas planteadas.
En su caso, Lasso planteó su plebiscito sobre seguridad, instituciones democráticas y medio ambiente, en las que consultó a la población sobre la posibilidad de permitir la extradición de ecuatorianos requeridos por otros países por narcotráfico y crimen organizado.
También planteaba reducir el número de integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento) y reducir el poder del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano encargado de designar a las autoridades de diferentes instituciones del Estado.
Asimismo, quiso incluir una pregunta para permitir el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía sin necesidad de declarar estados de excepción, pero esta fue excluida por la Corte Constitucional al considerar que la reforma de la Constitución en ese aspecto debía tramitarse a través de un proyecto de ley en la Asamblea.
