Por Claudia Polanco Yermanos
La violencia afecta hoy más que nunca a los 2.6 millones de habitantes de la ciudad más poblada de Ecuador, la costera Guayaquil, hasta el punto de que ya es “normal” tener vías de escape en caso de que los delincuentes irrumpan y alternativas para evitar “desangrar” el bolsillo por cuenta de los altos costos para poder movilizarse.
Luego de que el pasado martes 9 de enero, 10 personas murieran en diversos actos violentos en todo el país, la toma temporal de un canal de televisión por parte de un grupo armado en Guayaquil, automóviles incendiados y amenazas a universidades, instituciones del Estado y comercios, “estar preparado para enfrentar a las bandas criminales se ha vuelto una prioridad”, asegura a EFE Juan, un joven que se gana la vida como conductor de taxi.
Aunque cada día transita varias veces por la avenida Francisco de Orellana, una gran arteria del norte de Guayaquil que funciona como la vía urbana más grande de Ecuador, nunca había presenciado “la locura generalizada”.
Así describió los hechos del martes, cuando “no había autoridad. La gente entró en pánico por la toma de rehenes en el canal de televisión y porque empezaron a darse noticias de otras alteraciones del orden público en la ciudad”.
Tatiana, otra guayaquileña que no sale de su asombro con lo ocurrido, explica que en la Francisco de Orellana “los conductores no respetaban las señales de tránsito ni a los transeúntes. Parecía una guerra de todos contra todos”.
Ella, que vive en el sur de la ciudad y cada día gasta hora y media en llegar a su trabajo como mesera en un restaurante del norte de la capital, vio como la ciudad que tanto quiere se convirtió “en un monstruo”.
“Yo sentí mucho miedo. Me desplacé en moto con mi novio y vi como robaban a otros motociclistas y como saqueaban algunos comercios pequeños. La gente estaba loca”, relata.
Para esquivar a los delincuentes, la pareja tomó vías alternativas, pero entonces se topó con otro peligro: “Los conductores en su desesperación por resguardarse no respetaban los semáforos, y como había poco transporte público las personas se lanzaba a los vehículos particulares para que las llevaran”.
El lío, continúa diciendo, “es que no siempre habrá quién me lleve durante los 60 días del estado de excepción que decretó el presidente Daniel Noboa para impedir nuevos ataques violentos, y el taxi me sale muy caro, en 6 dólares, cuando lo normal son 4 dólares hasta mi casa”.
A Sara, una cajera de Listo, la tienda de conveniencia más grande de Ecuador, un conocido le hizo el favor de llevarla el martes hasta su hogar, en moto.
Otros empleados tuvieron menos suerte y debieron atravesar la ciudad caminando.
“Normalmente se cierra a las 10 de la noche, pero ante la situación se cerró a las 7 porque era peligroso y no había transporte. Mucha gente caminó”, detalla la mujer.
Otro ciudadano que se ha visto afectado por los ataques de los grupos violentos es Roberto, quien salió a las 5 de la mañana de este jueves desde su casa, en el sur de Guayaquil, en dirección al edifico en plena avenida Francisco de Orellana en el que trabaja como vigilante, hasta las 6 de la tarde.
“El taxi me cobró 10 dólares. Es un abuso. Así no puedo seguir porque sencillamente no me alcanza la plata. Los pobres siempre perdemos”, reclama.
Los números le dan la razón a Roberto. La clase trabajadora de Guayaquil es la más afectada por la violencia que lesiona el bolsillo de quienes como él se ganan el salario mensual básico, que en Ecuador es desde este mes de 460 dólares luego de un alza de diez dólares frente al valor del año pasado, pero que no alcanza para darse “lujos” como el usar un taxi diariamente para ir a trabajar.
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