Por Antonio Broto
La delegación de Estados Unidos ante la ONU en Ginebra acusó a China de cometer “genocidio y crímenes de lesa humanidad” en su región de Xinjiang, durante la revisión periódica ante la ONU de los derechos humanos en el país asiático, marcada por protestas de opositores en la víspera y rumores sobre presiones de Pekín a las embajadas para reducir las críticas.
La delegación estadounidense fue una de las más contundentes en los turnos de palabra de cada miembro de la ONU, y pese a que éstos se redujeron, sin explicación, del minuto habitual a 45 segundos, la representante de EUA tuvo tiempo para solicitar la puesta en libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente en China.
Reclamó asimismo que “cese el acoso y la vigilancia en Xinjiang, Tíbet y Hong Kong”, y “las políticas de reclusión forzada”, incluyendo los internamientos de tibetanos y uigures, los trabajos forzados, el control de matrimonios y las esterilizaciones, unas acusaciones similares a las previamente presentadas por Canadá.
EUA exigió asimismo que se derogue la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong, algo a lo que se sumaron países como Reino Unido (que devolvió esta colonia a China en 1997), cuyo delegado también pidió el cese del enjuiciamiento de opositores en virtud de esa ley.
Recuerdo a Jimmy Lai
Aunque muchas delegaciones occidentales expresaron preocupación por el acoso a defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas LGBTIQ, abogados y otros colectivos, Reino Unido fue el único en nombrar un caso concreto, el del magnate hongkonés Jimmy Lai, dueño del desaparecido diario prodemocracia Apple Daily.
El juicio contra Lai comenzó a finales de diciembre, y el conocido opositor al régimen comunista podría ser condenado a cadena perpetua, precisamente en virtud de la polémica Ley de Seguridad Nacional que dictó Pekín para acallar las protestas violentas que sufrió Hong Kong en 2019.
Un representante de la excolonia británica que formó parte de la delegación china defendió las políticas chinas en Hong Kong asegurando que “los días de disturbios sociales y de temor ya han quedado atrás, se restableció el orden y nuestra sociedad volvió a encarrilarse”.
La revisión de los derechos humanos de China, primera a la que es sometida el país ante el Consejo de Derechos Humanos desde 2018, mostró una clara división entre países críticos con la situación en el gigante asiático, principalmente los países occidentales y Japón, y naciones que elogiaron los progresos chinos en la lucha contra la pobreza, en su mayoría naciones en desarrollo.
Aunque los países latinoamericanos fueron menos críticos con China que los europeos, Israel, EUA o Canadá, sí hubo menciones desde delegaciones como la brasileña, la chilena o la colombiana, entre otras, a que el gigante asiático considere una moratoria de la pena de muerte de cara a una futura abolición de las ejecuciones.
Fueron varios los países, entre ellos España, que conminaron a China a ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, algo que la delegación china aseguró que está en camino pero que sólo se hará “cuando las condiciones sean propicias a nivel nacional”.
China se defiende
Ante las críticas sobre la situación en regiones como Xinjiang o Tíbet, China aseguró que los derechos de éstas y otras minorías son protegidos, poniendo como ejemplo que en el Techo del Mundo un 70% de las autoridades son de etnia tibetana, o que su lengua es protegida y utilizada tanto en educación como en los medios locales.
De Xinjiang, una representante del Frente Unido (organización que coaliga al Partido Comunista de China con otros del país) aseguró que en esa región se combatió el terrorismo “conforme a la ley” y como resultado en los últimos años no se han repetido incidentes violentos o terroristas.
El embajador chino ante la ONU en Ginebra, Chen Xu, defendió como principales muestras de la mejora de los derechos humanos en su país que 100 millones de personas han salido de la pobreza, y que en ese sentido se han cumplido a nivel nacional los objetivos de eliminación de la miseria 10 años antes de lo establecido en la Agenda 2030.
“China es uno de los países más seguros del mundo, y persigue un camino de desarrollo pacífico”, aseguró, asegurando que iniciativas de Pekín como el programa de las Nuevas Rutas de la Seda son una muestra de su interés en contribuir a los derechos humanos globales.
Chen afirmó que China sigue interesada en colaborar con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos (su anterior alta comisionada, Michelle Bachelet, ya visitó el país en 2022, un viaje que estuvo rodeado de polémica), e incluso prometió que Pekín contribuirá con un millón de dólares al trabajo de ese órgano en 2024.
Rusia e India apoyan a China
Países aliados de China en calidad de miembros del bloque de países emergentes BRICS fueron benevolentes con Pekín en la revisión periódica: India encomió al Gobierno chino por su “labor constructiva en la ayuda a países en desarrollo”, y Rusia aseguró que su vecino “ha avanzado de forma impresionante en el ámbito socioeconómico y con ello ha mejorado en derechos humanos”.
No obstante, el delegado ruso recomendó a China que “atienda la demanda creciente de sus ciudadanos de igualdad y justicia, implicándoles más en la vida política”.
Frente a las críticas occidentales a la política china en Xinjiang, Rusia sugirió a China que vele porque en esa región noroccidental, ya de Asia Central, se utilice más el mandarín, la lengua nacional mayoritaria, frente a las de minorías como los uigures.
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