Propuestas económicas y campañas electorales
Por Alejandro Bernal Astorga
El 1 de marzo, iniciará la campaña presidencial, de senadurías y diputaciones federales; la primera campaña a la gubernatura comenzará el 2 de marzo y el resto lo harán el 21 del mismo mes. Todas las campañas electorales deberán haber concluido el 29 de mayo de 2024.
Durante este periodo habrá que poner especial atención a las propuestas de las y los candidatos, identificando si estas son viables en términos económicos.
Cabe mencionar que una candidata o candidato no necesariamente es experto en todas las áreas del conocimiento, ni tiene experiencia en todas las actividades financieras, pero es su obligación formar un equipo multidisciplinario de asesores que orienten y den sustento a sus propuestas económicas.
Es responsabilidad de quien aspira a ganar una elección, conformar un equipo de trabajo con capacidad y solvencia moral para cambiar positivamente su entorno; lo es también saber escuchar para actuar con sensatez e inteligencia en lo que no se domina. Asimismo, debe ser capaz de compartir su visión económica de gobierno con la sociedad y asumir la responsabilidad que decidió voluntariamente adquirir sin excusarse permanentemente en el pasado.
Definir una visión que equilibre el desarrollo económico al satisfacer las necesidades de la población (sobre todo la que más lo requiere) con el crecimiento económico (indicadores macroeconómicos positivos) que forman un contexto favorable para la producción de bienes y la prestación de servicios, es el gran reto.
El primer aspecto a considerar es identificar si hay o no una propuesta económica en los planteamientos que hace una candidata o candidato. La inexistencia de posicionamientos económicos dirigidos a la razón de los votantes y la sola existencia de descalificaciones personales a otros candidatos sin evidencia probatoria, hablaría del desafortunado nivel de las campañas políticas emprendidas y del interés por conseguir votos mediante estrategias que juegan con las emociones.
Un segundo aspecto por observar es que los candidatos presenten propuestas económicas con viabilidad legal; prácticamente detrás de cualquier actividad económica hay un marco jurídico nacional o internacional que establece qué se puede o no hacer y precisamente, respetar las leyes da certidumbre legal a las diferentes ramas de la producción nacional para la realización de sus actividades. Quien aspira a ganar el voto y la confianza de los ciudadanos, debe ser el primero en cumplir y hacer cumplir la ley.
Un tercer elemento es identificar la suficiencia presupuestaria de recursos públicos para darle viabilidad financiera a las propuestas de campaña, sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas gubernamentales en detrimento de la población. Los candidatos tendrían que precisar los instrumentos de captación previstos, más aún cuando en este proceso inciden factores como el momento del ciclo económico en el que se encuentre un país, los niveles de empleo, inflación, crecimiento del Producto Interno Bruto, etc.
Un cuarto factor sería que en las propuestas de campaña se especificara el destino de los recursos públicos que se captaran, precisando la cantidad que se asignaría a la inversión (beneficios para la sociedad) y a cubrir el gasto corriente (nómina, gastos administrativos y operativos), así como las acciones a las que se destinaría una mayor cantidad de recursos públicos para generar una mayor derrama económica y beneficio a la población.
Es vital determinar qué acciones se realizarían para fomentar la creación de empleos suficientes y de calidad; cómo se garantizarían las condiciones de seguridad para el desarrollo y consolidación de las actividades económicas y cómo se generaría la infraestructura que atraiga inversiones hacia zonas de alta marginación.
Un quinto argumento que considerar, es el compromiso que asuman las y los candidatos para cuantificar técnicamente y sin adoctrinamientos, los impactos de las estrategias económicas implementadas. La credibilidad del ejercicio debe basarse en la calidad de la información, la transparencia metodológica y en la autonomía del organismo que la realice.
Un sexto aspecto sería tener la madurez, inteligencia emocional, apertura y humildad, para aceptar que las propuestas económicas propuestas por las y los candidatos tendrán aspectos positivos y áreas de oportunidad que serían sujetas de mejora, sin asumir que se tiene la verdad absoluta o que quien opine distinto es el enemigo a vencer.
Bastantes son los retos económicos a superar para dividir o radicalizar posicionamientos; la victimización y la distorsión de la realidad económica no tienen cabida para quien aspira a ser presidenta o presidente de todas y todos los mexicanos.
