Reforma a las pensiones
Por Alejandro Bernal Astorga
Incrementar las prestaciones de seguridad social es deseable y positivo; tener los recursos suficientes y oportunos siempre será el reto.
El pasado 5 de febrero del presente año, el ejecutivo federal propuso una reforma para que las y los trabajadores sujetos a ley de 1997 del Instituto Mexicano del Seguro Social, pudieran retirarse con el 100% de su último salario, siempre y cuando este no superara la pensión garantizada de 17,316 pesos mensuales.
Sin duda, esta medida sería benéfica para las y los trabajadores del sector formal que se pensionen y estén en este supuesto, y al enviarse como iniciativa al congreso de la unión, el ejecutivo federal afirmó que tenía los recursos suficientes para solventarla principalmente, a través del Instituto para Regresar al Pueblo lo Robado.
Recurrir a fuentes de obtención de recursos distintas a las originalmente planteadas habla de insuficiencia presupuestaria para darle viabilidad a esta propuesta y esto se interpreta así, por una nueva propuesta de reforma que propone la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar con los recursos de las y los trabajadores que tengan 70 años en el sector privado o 75 en el sector público y no hayan tramitado su pensión ante la Afore correspondiente.
Cabe mencionar que con el incremento de la esperanza de vida de la población en México y el incremento en la edad de las personas que laboran por necesidad o decisión, la iniciativa podría disponer de recursos provenientes de cuentas activas, cada vez en mayor medida.
Se argumenta que ésta no sería una expropiación de recursos, aunque automáticamente se trasladen al fondo del bienestar, porque a las y los trabajadores o a las familias que los reclamen les serían devueltos; se expresa también que es mejor que los rendimientos y que estos recursos sean aprovechados por el Gobierno federal para otorgar mejores pensiones a quienes cumplan con los requerimientos ya mencionados.
Habría que considerar también que, en un contexto de justicia, un Gobierno está para cumplir y hacer cumplir la ley y que legalmente esos recursos son de los trabajadores que no los han reclamado o en todo caso de las familias que por parentesco podrían ser beneficiadas; por tanto, un acto coherente sería promover acciones para que este dinero fuera entregado a dueños o beneficiarios.
El monto que se pretende controlar es significativo y alcanzaría los 40 mil millones de pesos, mismos que ante el actual déficit de recursos públicos del Gobierno federal, servirían como capital semilla para implementar la reforma a las pensiones, en un entorno electoral.
Cabe mencionar que esta propuesta de reforma se aplicaría a las leyes secundarias del Seguro Social, ISSSTE, Infonavit y del Sistema de Ahorro para el Retiro y solo se necesita tener mayoría simple (50% más uno) para ser aprobada.
