Por Ovidio Castro Medina
Los Montes de María, en el Caribe colombiano, fueron en la década de los 90, un campo de batalla en el que las FARC y los paramilitares utilizaron minas antipersonales para acorralar y someter a más de 2.5 millones de personas que vivieron años de violencia.
Sin embargo, estos pobladores comenzaron una nueva vida luego de que la región fuera declarada libre de esos artefactos, una labor en la que no hay margen de error para los desminadores.
Así lo reconoce a EFE el infante de Marina, Eider Orozco, del Batallón de Desminado e Ingenieros Anfibios de la Armada de Colombia, quien ha dedicado los últimos 15 años a esa labor en la que trabaja con la precisión de un cirujano.
Orozco sabe lo peligroso que es su trabajo, pero renueva los ánimos cada vez que ve la cara de felicidad de los lugareños que valoran su sacrificio para evitar las minas, incluso a riesgo de perder su propia vida.
Viste un uniforme caqui sobre el que usa un chaleco azul fabricado con telas especiales y reforzado con láminas que lo protege de posibles explosiones de minas antipersonales y otros artefactos “sembrados” por grupos guerrilleros y paramilitares.
De su brazo, como una extensión, sale un detector de metales y su cara la protege un visor antiesquirlas. Nada de lo que lleva puesto se lo puede quitar, no importa que el termómetro marque más de 35 grados Celsius, la temperatura promedio de la región.
Colombia es, después de Afganistán, el país más afectado por las minas. De los 9.4 millones de personas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), hay 12,228 por Minas Antipersonal, Munición sin Explotar y Artefactos Explosivos Improvisados.
“Me gusta lo que hago”, dice Orozco, y recuerda que su mayor satisfacción es ver a los campesinos moverse sin miedo a caer en un campo minado en esta zona del país en la que la tierra devuelve al campesino buenas cosechas de yuca, ñame, aguacate, cacao, ajonjolí, tabaco y maíz.
Curtida por la violencia
No lejos del infante Orozco está Irene Niño Cortés, una campesina de 67 años que agradece que la región ya no tenga que preocuparse por las minas antipersonales.
Ella, con un hilo de voz que a veces cuesta escuchar, sube el tono cuando recuerda que a uno de sus hermanos una mina lo dejó sin una pierna cuando como jornalero limpiaba de maleza en una finca en el departamento de Norte de Santander, región fronteriza con Venezuela.
“Mi hermano está vivo por la gracia de Dios”, dice la mujer que se salvó de 2 masacres perpetradas por paramilitares en el caserío de El Salado, a donde llegó huyendo de la violencia de Norte de Santander.
Y, moviendo sus brazos para enfatizar, agrega: “Darle gracias a Dios porque llegó el desminado e hizo un trabajo excelente en los Montes de María para que quedaran esas tierras libres de peligro de minas”.
En El Salado, que forma parte del municipio del Carmen de Bolívar, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) perpetraron una masacre entre el 16 y el 21 de febrero de 2000 en la que fueron asesinadas más de 60 personas, por lo que es considerada como la matanza más cruda del país.
Vidas alteradas
José Díaz Hoyos es otra de las víctimas de las minas antipersonal, antes llamadas “quiebrapatas”, a quien la vida le cambió en un segundo en 2005.
Él hacía parte de un grupo de infantes de Marina que buscaban en los Montes de María al exministro Fernando Araújo, en la época secuestrado por las FARC. “En septiembre de 2005 iba en una patrulla buscando al ministro Araújo y pisé una mina quiebrapatas. Fue en un abrir y cerrar de ojos”, rememora.
Díaz, al que le falta la pierna izquierda, lamenta en un evento donde se declaró que los Montes de María eran libres de sospecha de minas antipersonales tras 15 años de trabajo que, pese a que el Gobierno colombiano firmó la paz con las FARC en 2016, la guerrilla no cumpla lo acordado porque ha seguido usando minas en otras partes del país.
