Por Adalberto Carvajal
Todo para festejar
En el marco del Día de la Libertad de Expresión el pasado 7 de junio, el dirigente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex) y el líder del Club de Reporteros de Colima coincidieron en señalar que, en esa materia, nada hay qué celebrar en México.
Para Juan Ramón Negrete -colimense que ostenta la presidencia nacional de la Fapermex- y el dirigente local Alfredo Quiles, el derecho humano a la libre expresión se ha visto vulnerado en el país no sólo por el crimen organizado “sino desde la tribuna de Palacio Nacional, donde se ataca y hostiga a reporteros, periodistas y medios de comunicación”.
En teoría, cada vez que el presidente señala por su nombre a un periodista que critica a su gobierno o investiga a su familia, despierta entre sus fanáticos el odio hacia esos comunicadores. En la tradición política, el titular del Ejecutivo no podía expresar abiertamente su malestar con alguna figura pública porque no faltaría quién pretendiera halagar al jefe lastimando al causante de su enojo.
Sin embargo, la hipótesis de que una presunta estigmatización de la prensa desde las mañaneras genera o contribuye a la violencia que han venido sufriendo los periodistas, en especial los de provincia, no se sostiene empírica ni históricamente: el discurso presidencial no pudo generar un fenómeno que antecedió a este gobierno.
La crítica tendría que ser, en todo caso, al fracaso de la estrategia de seguridad que en lo que va del sexenio no ha podido cumplir la promesa de campaña de bajar sensiblemente el número de homicidios dolosos.
Casi el paraíso
Los dirigentes gremiales le exigieron a Andrés Manuel López Obrador poner freno a una situación que este año ha dejado ya 5 asesinatos de periodistas. Ninguno, por suerte, en Colima.
De hecho, según el presidente nacional del Club Primera Plana, José Luis Uribe Ortega, “en las últimas 5 décadas no hemos registrado asesinatos, intimidaciones ni amenazas contra los comunicadores locales”.
Acompañado en su visita a Colima por Virgilio Arias, secretario general de esa organización, Uribe tomó la protesta a los nuevos miembros del Capítulo Colima y entregó reconocimientos a reporteros, articulistas y columnistas con más de 25 años de trayectoria.
También reconoció en esa ceremonia a la mandataria estatal Indira Vizcaíno como “socia honoraria activa”, por ser una estadista que lucha “por la consolidación de una comunidad solidaria” y por gobernar una entidad donde la seguridad para este gremio es preponderante.
CDHEC tiene otros datos
El ombudsman local, Roberto Ramírez, había dicho más temprano ese mismo miércoles que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) durante el presente año ha atendido 2 quejas presentadas por periodistas por presuntas violaciones a su libertad de expresión, aunque en total “se tienen 5 expedientes” que se están integrando y documentando”.
Las quejas no han sido atraídas de oficio, sino que los mismos periodistas que se han sentido vulnerados en sus derechos acudieron a la Comisión para hacer del conocimiento hechos que consideran que alguna autoridad transgredió. “Todo ello ha sido documentado y se le da trámite”, dijo Ramírez. Y agregó que “algunas denuncias involucran a autoridades federales y algunas otras involucran a autoridades estatales”. De la misma manera, concluyó, se han recibido quejas de ciudadanos que consideran les ha sido coartada su libertad de expresión.
No especificó Ramírez si esas quejas corresponden a agresiones físicas o verbales. En las redes sociales de los reporteros de nota roja han trascendido incidentes donde la policía restringe el ejercicio informativo en una escena de crimen que ha sido resguardada. De ser ese el caso, la CDHEC tendrá que aclarar si impedir el paso más allá de la cinta amarilla implica una prohibición de la autoridad a “publicitar todo lo que sea público”, y si eso atenta contra la consolidación de un Estado democrático.
Las mismas redes sociales han dado cuenta también de agresiones contra periodistas en situaciones que nada tienen que ver con su trabajo. Bien puede tratarse de asuntos personales, como una riña, pero los quejosos quisieran que se les diese un seguimiento especial por parte de la autoridad.
Lo cierto es que pese a la gran cantidad de homicidios dolosos y hallazgos macabros que se han venido dando en la entidad desde hace muchos años, la cobertura de estos sucesos en Colima no significa necesariamente un riesgo para los informadores. Quizá porque los reporteros que trabajan para algún medio o tienen su propio portal, se limitan a mencionar el hecho, sin revelar datos que no hayan sido públicos y sin formular hipótesis acerca de lo que está pasando en la región o la entidad. Las teorías indiscretas sobre el trasfondo de la violencia se manejan, más bien, en cuentas anónimas.
Si en Colima hay una profesión de riesgo, es la de abogado. Lo demuestran las estadísticas. No obstante, en sexenios pasados hubo agresiones contra locutores, trabajadores de los medios e influencers de las redes sociales que no entraron a la contabilidad oficial de violencia contra los comunicadores, ya que las víctimas no fueron reconocidas como colegas por los integrantes de la Comisión Estatal de Protección al Ejercicio Periodístico.
Respeto irrestricto
Es la supuesta represión de AMLO a la libertad de expresión lo que aquí discutimos. Por supuesto, no califican como agresiones a la prensa la réplica que el presidente de la República ejerce como un derecho en la mañanera, ya sea de viva voz o a través de secciones como “Quién es quién en las mentiras de la semana”.
México vive en esta Cuarta Transformación un pleno respeto a la libertad de expresión. No obstante, medios corporativos como El Universal o Radiofórmula, los editores de periódicos adscritos a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y organizaciones defensoras de derechos gremiales como Reporteros Sin Fronteras (RSF) o Artículo 19 (Art. 19) han considerado una estigmatización de la prensa ese tipo de discurso político donde el presidente cuestiona al cuarto poder.
¿Realmente AMLO ataca a la prensa cuando revela los intereses económicos y políticos que hay detrás de muchos de los medios tradicionales y de algunos de los nuevos medios digitales? ¿Es persecución exhibir los privilegios y las incongruencias en los estilos de vida de algunas figuras del periodismo?
En este aspecto, algunas plumas respetables han cuestionado la asimetría de poderes al exhibir los ingresos de Carlos Loret de Mola. Por mucha influencia que se le atribuya al conductor de LatinUs, el poder mediático no se compara con el poder presidencial, sostienen.
Pero ya no resulta tan asimétrica la confrontación cuando miramos a Loret como vocero de los fuertes intereses mercantiles que están detrás de LatinUs, los cuales reivindican a través de esa plataforma una agenda económica (la intermediación privada para la compra de medicamentos para uso del sector público) pero también política (impedir que AMLO separe al poder político del poder económico).
Patria libre y soberana
Desde una perspectiva de soberanía nacional, no se coarta la libertad de expresión cuando se denuncia el financiamiento por parte de agencias y fundaciones extranjeras que reciben organizaciones no gubernamentales como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), presumiblemente para operar un golpe blando.
Por muy políticamente incorrecta que sea la réplica que se hace en la mañanera a las noticias falsas, informaciones distorsionadas o sacadas de contexto, las palabras de López Obrador contra la prensa no han sido la causa del asesinato de periodistas.
Una cosa es que no hayan disminuido las agresiones a periodistas, y otra que los asesinatos de informadores sean el signo de este gobierno. México ha sido desde hace muchos años uno de los países donde, sin haber un estado de guerra, es más peligroso ejercer el periodismo.
Y en ese sentido, por más que se haya querido fabricar una línea directa entre la crítica de AMLO al conductor de Imagen Televisión y Radio Fórmula y el atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva, la verdad es que no se mata con las palabras.
Por cierto, el relato que presentaba al veterano periodista como una víctima del poder presidencial se fue dejando de lado conforme se revelaba que los gatilleros que dispararon contra su vehículo blindado trabajaban para la delincuencia organizada.
Pego para que me pagues
Más cuestionables que las expresiones del presidente contra la prensa son las fallas sistémicas que sigue teniendo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, o la falta de resultados por parte de las fiscalías para el esclarecimiento de los atentados a periodistas, sobre todo los ocurridos en sexenios anteriores.
Se han esclarecido muchos de los crímenes contra periodistas sucedidos en este gobierno y, pese a las deficiencias del Mecanismo, gracias a él se han podido proteger muchas vidas. Sin embargo, necesitamos una comisión de la verdad para hacer justicia a las víctimas del pasado.
Por lo que respecta a la ruptura de la relación prensa-poder como se había venido dando tradicionalmente en México, cabe analizarla como el fin de un paradigma: aquel donde el Gobierno Federal pagaba para que le pegaran y donde los medios pegaban para que les pagaran. Pero de eso hablaremos en la siguiente entrega de esta columna.
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