El reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sobre la violencia contra las mujeres en México arrojó cifras alarmantes que merecen una reflexión profunda y una acción inmediata.
En mayo de 2024, el país registró la cifra más alta de mujeres asesinadas, hasta ese punto del año, con 255 víctimas, un promedio de 8 diarias. Ese aumento del 14.3% en comparación con abril no solo refleja un incremento en la violencia, sino que también subraya la gravedad de la situación en estados como Colima.
Nuestro estado, Colima, aunque pequeño en tamaño, encabeza tristemente la lista de víctimas por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 12.99. En términos absolutos, nuestra entidad ha visto que 50 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año, una cifra que no debería dejar a nadie indiferente. Ese dato es particularmente preocupante cuando se considera la magnitud del problema en relación con nuestra población.
La violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado ni reciente, sino lastimosamente constante. La magnitud y la frecuencia con la que se presenta actualmente requiere una respuesta coordinada y urgente por parte de todos los sectores de la sociedad. No es suficiente con reconocer el problema; es imperativo que las autoridades locales, estatales y federales tomen medidas concretas y efectivas para proteger a nuestras mujeres y niñas.
La violencia familiar, que alcanzó un récord histórico con 27,499 carpetas de investigación abiertas en mayo, y las lesiones sufridas por mujeres, con 7,277 casos registrados en el mismo mes, son indicativos de una crisis social y de seguridad que debe ser abordada con toda la seriedad y urgencia posible.
La implementación de políticas públicas eficaces, la mejora en la atención y protección a las víctimas, y la educación en igualdad de género son pasos esenciales para combatir este flagelo. Es fundamental fomentar una cultura de respeto e igualdad, además de exigir transparencia y resultados en las investigaciones de esos delitos, así como la implementación de programas de prevención y apoyo a las víctimas.
