Por Gina Baldivieso
Afectada por la crisis global que atraviesan los medios, especialmente a los pocos que se siguen imprimiendo, la prensa boliviana se queja también de la “asfixia económica” del Gobierno, y reclama políticas públicas para apoyar los esfuerzos de supervivencia del sector.
La reciente decisión del periódico La Razón de La Paz, fundado hace 34 años, de abandonar su edición impresa y centrarse en la digital ha dejado en evidencia esa crisis.
Los directivos de ese medio no dieron las causas, pero ya se conocía de su complicada situación financiera, pues en 2020, en plena cuarentena por Covid-19, despidieron a 93 trabajadores, según denunciaron en su momento los afectados y los principales gremios de la prensa boliviana.
También está el caso del diario Página Siete, que cerró en 2023 después de 13 años de funcionamiento, “con la consecuencia del despido de cerca de 80 trabajadores”, 30 de ellos periodistas, recordó en declaraciones a EFE la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes.
Los dueños de ese periódico atribuyeron el cierre a un “acoso” ejercido desde el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), aunque tras más de un año del cierre no han pagado sueldos ni beneficios sociales adeudados a sus extrabajadores, como prometieron en su momento.
“Asfixia” oficialista
Alanes indicó que La Razón fue “uno de los medios más favorecidos con publicidad estatal”, pero luego tuvo un recorte por su “alineamiento”, según analistas, con una de las facciones del MAS, que está dividido desde 2021.
Mientras que el caso de Página Siete “es la expresión” de la “presión financiera sobre los medios de comunicación para un alineamiento de carácter político con el régimen de turno”, sostuvo.
Esa “asfixia económica” por la distribución “discrecional” de la pauta publicitaria estatal es uno de los factores que identifica la asociación como causa de esta “inédita” crisis de medios y periodismo en Bolivia, comentó.
Y es que los dueños y directores de medios considerados independientes han denunciado varias veces que los Gobiernos del MAS les han restringido o negado la publicidad estatal por no estar alineados con el oficialismo y que también presionan a la empresa privada para que no publicite con ellos.
“Consideramos que las políticas no han cambiado. Lo que se inició como estrategia de acción gubernamental en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) ha tenido una línea de continuidad, por ejemplo, respecto al tema de asignación de publicidad estatal”, sostuvo Alanes.
La periodista citó como ejemplo una reciente investigación del medio peruano Ojo Público que reveló que los Gobiernos de Morales y Arce destinaron más de medio millón de dólares a un grupo de 28 medios impresos y digitales, con accionistas, gerentes o representantes vinculados al Ejecutivo.
A esto se suman otras acciones como las “campañas de desprestigio al trabajo periodístico” o la creación de los llamados ‘guerreros digitales’, funcionarios dedicados a defender al Ejecutivo y a “desprestigiar” a periodistas o a líderes que el Gobierno considera que “son de la oposición”.
Diagnóstico y propuestas
Un estudio presentado en abril pasado por la ANPB alertó sobre la cada vez mayor “precarización” de las condiciones laborales para los periodistas en Bolivia, donde cerca del 80% de los informadores tienen empleos “inestables” y los salarios cayeron en más de un 50%.
Además, los medios “cada vez se achican”, “reducen personal” o tienen a los periodistas bajo contratos civiles sin beneficios sociales, agregó Alanes.
Para la representante, aunque la creciente oferta informativa digital tuvo algo de culpa en la crisis de los medios impresos, no fue la causa mayor, pues su principal sustento financiero ha sido “históricamente” la publicidad estatal y privada.
Además, que en Bolivia hay “serias deficiencias” tecnológicas por la falta de accesibilidad al internet, que además es uno de los más caros en la región.
Pese a esto, los medios están haciendo “múltiples esfuerzos” para no quedarse atrás y ya están “en el ecosistema digital” con páginas web, aplicaciones y presencia en las redes sociales.
La periodista consideró que estos esfuerzos requieren “políticas públicas que potencien ese desarrollo” en vez de socavarlo, para garantizar los derechos a la libertad de prensa y expresión.
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