Por José Luis Negrete Avalos
Tras conocerse los resultados estadísticos que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presentara hace algunos días en el Informe de Medición de la Pobreza 2022, es interesante lo que se muestra de manera general sobre el tema.
De acuerdo a esta información, la población en situación de pobreza en nuestro país es de 46.8 millones, otras características que destacan son las que hacen referencia a las carencias; carencia de acceso a seguridad social y/o a servicios de salud, cuyos efectos impiden una mejor calidad de vida de la población, en específico de aquellos grupos que se consideran vulnerables.
Respecto a esta situación, las personas con discapacidad son los primeros en ser afectados por la pobreza en sus diferentes niveles, teniendo como consecuencia un estancamiento en el desarrollo personal y colectivo.
En específico los porcentajes en donde las personas en condición de discapacidad se incluyen, con un 41.2%, en situación de pobreza, sumado a las afectaciones por las carencias en el acceso a servicios de salud; en general el total de personas con esta carencia representan el 39.1%.de la población.
Más allá de la frialdad de los datos, una pregunta por deducir es ¿cuál es la lógica que las administraciones están olvidando para apoyar a los sectores que entran en esas carencias?
Particularmente, a las personas con discapacidad se les presentan dichas carencias agudizando aquellas barreras “que impiden su participación plena y efectiva dentro de la sociedad” (CDPCD, artículo 1.2008)
Ante este hecho que refiere la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hasta la actualidad parece complicarse la búsqueda de una sociedad incluyente, donde esas barreras se prolongan, quitando peso a los esfuerzos que este sector realiza por su reconocimiento, respeto, y consolidación hacia una participación activa.
Pues, las carencias y las condiciones de pobreza, aún con una disminución reconocible, persisten como un lastre contradictorio a políticas públicas con un sentido integral, con un efecto que observe todos los ángulos posibles, primordialmente la salud, un derecho que el Estado mexicano debe garantizar.
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