De gobiernos de puertas abiertas a gobiernos abiertos y transparentes
Por Gilberto A. Olmos Torres
La generación de las llamadas nuevas tecnologías de información, de manera vertiginosa, representa un desafío para su implementación en las administraciones públicas, pero es también una enorme oportunidad para ser más eficientes en los servicios y trámites que la ciudadanía requiere para conseguir algún interés en específico.
Basta recurrir al pasado reciente, 20 años atrás en el que el discurso político, principalmente en el contexto de las campañas electorales en los que las personas candidatas a diversos puestos, entre la oferta mencionaban, a manera de compromiso con la ciudadanía, desempeñarse con puertas abiertas, es decir, propiciando la actitud de una autoridad que escucha y atiende. Después cambió el discurso, en los años recientes el compromiso fue desempeñarse con transparencia lo que necesariamente implica ser un gobierno abierto.
Por definición, gobierno abierto es una nueva forma de gobernanza que permite solucionar problemas públicos con base en una efectiva colaboración entre autoridades y ciudadanía, e implica asegurar que la información generada por las instituciones, sea proporcionada con transparencia y se brinde la posibilidad de incidir en las decisiones públicas mediante la participación ciudadana.
Si bien es cierto que se han creado mecanismos para agilizar y optimizar los procedimientos utilizando las tecnologías disponibles, el tema central para adquirir mayor legitimidad en la innovación es propiciando la participación social; para ello, es necesario generar los mecanismos que faciliten y motiven el aporte de los diferentes sectores sociales para hacer efectivo la categoría de Estado Abierto.
Este camino para generar gobierno abierto ya tiene un recorrido que todavía es preciso fortalecer con una mayor participación de todos los actores político, social y de las administraciones públicas, llámese poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como ayuntamientos que establezcan alianzas con instituciones académicas, siendo esto último determinante en el trabajo conjunto para la cooperación estratégica.
Toda institución pública tiene la obligación de velar por la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, posicionando la rendición de cuentas y la prevención y el combate a la corrupción como pilares fundamentales para un gobierno abierto que da certeza al compromiso con la ciudadanía para construir instituciones más confiables que respondan a las exigencias de una sociedad que demanda mayor eficiencia.
Las alianzas para consolidar gobierno abierto, fortalecen a las instituciones y constituye un paso trascendental en la vinculación entre la academia, las instituciones públicas y los sectores sociales que hagan efectiva la visión de atender los desafíos actuales en los que la profesionalización de las personas servidoras públicas se refleje en acciones proactivas en beneficio de la población.
Las autoridades tienen la oportunidad de atender demandas sociales por medio de estos mecanismos de participación social al generar un Plan de Acción de Gobierno Abierto donde pueden incorporar temas como la Prevención de la Violencia o para facilitar procesos para crear negocios e inversión mediante un sistema de información que dé a conocer los requisitos y trámites; también orientado a temas del campo, como considerar apoyo a zonas rurales, con grupos de trabajo para planear y dar seguimiento a los programas de desarrollo rural de la entidad o en el ámbito municipal, por mencionar algunos ejemplos que se diversifican al abordar las materias de parlamento y justicia abierta donde hay un contexto al quehacer de las legislaturas y el poder judicial.
Lo anterior da claridad al enorme potencial que significa la implementación de gobierno abierto, entendida como una estrategia que documental la congruencia de las autoridades cuando de cumplir compromisos adquiridos antes y durante su desempeño en la función pública. En la medida que se entienda el impacto que tiene y los beneficios sociales que representa, es evidente que se habrán de implementar de una manera contundente que bien puede partir desde su inclusión en los planes o programas de desarrollo.
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