Al menos 3,494 personas fueron víctimas de asesinatos, lesiones y secuestros en Haití durante los 6 primeros meses del año, según un informe elaborado por la Unidad de Derechos Humanos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).
El documento señala que durante el segundo trimestre de 2023 se registró un aumento del 14% en el número de víctimas de asesinatos, lesiones y secuestros relacionados con bandas, con 1,860 víctimas de estos crímenes, en comparación con el trimestre anterior (enero-marzo de 2023) en el que se reportaron 1,634.
El mayor número de víctimas se registró entre abril y mayo, con el 48% y el 34% de los casos denunciados, debido a un aumento de la actividad de las bandas y de los “grupos de autodefensa” organizados por la población civil.
El departamento del Oeste, donde se encuentra la capital, siguió registrando el mayor número de personas asesinadas, heridas y secuestradas, con un 82% de los casos, siendo los municipios de Cité Soleil, Croix-des-Bouquets, Pétion Ville y Puerto Príncipe los más castigados.
La violencia también siguió extendiéndose en el departamento de Artibonite, que acumuló el 13% de los casos, sobre todo en las comunas de L’Estère, Liancourt y Petite Rivière de l’Artibonite.
Continúa la justicia popular
Entre el 24 de abril y el 30 de junio de 2023, al menos 238 presuntos miembros de bandas fueron asesinados por civiles y “grupos de autodefensa” que participaban en el movimiento denominado Bwa Kale que significa “erradicar” en criollo haitiano.
“Frustrados por la debilidad de las instituciones estatales, los residentes, armados con machetes, piedras y bidones de gasolina impidieron brutalmente la entrada en sus barrios a los miembros de las bandas y a cualquier persona presuntamente afiliada a ellas”, afirma el informe.
El análisis de la ONU advierte de que la “justicia popular” no sólo viola los derechos humanos, sino que también corre el riesgo de conducir a una fragmentación de la capital en varias zonas pequeñas, hostiles entre sí, con líneas divisorias entre barrios bajo la influencia de diferentes ‘grupos de autodefensa’”.
Es más, dada la dinámica de estas estructuras, estos grupos corren el riesgo de convertirse en nuevas bandas, dada la normalización social de los linchamientos por parte de la población, que compromete también el papel de una policía ya muy debilitada y sin capacidad para restablecer y mantener el orden público.
Entre abril y junio, 13 policías murieron en actos de violencia relacionados con las bandas, mientras que al menos 467 miembros de pandillas murieron como consecuencia de linchamientos (238 individuos), operaciones policiales (119), violencia entre las propias bandas (96) y ejecuciones extrajudiciales cometidas por los comisarios del gobierno de Les Cayes y Miragoâne (7).
