El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Brasil denunció “graves excesos” y pidió el fin de la operación policial que ha dejado 23 muertos en el litoral del estado de São Paulo, según un informe preliminar de la institución divulgado este viernes.
El Consejo critica la “intolerable tasa de letalidad” y reclama que se esclarezcan las muertes de civiles durante la operación Escudo, lanzada a finales de julio en respuesta al asesinato de un policía que estaba patrullando en la ciudad de Guarujá.
Además, el informe pide al Gobierno del estado de São Paulo que proteja a las víctimas y a sus familiares frente a posibles amenazas y represalias.
El organismo, que visitó el escenario de la operación policial a mediados de agosto, recabó 11 relatos de víctimas o familiares de víctimas que apuntan a ejecuciones extrajudiciales y a otros abusos de parte de los agentes.
Entre los relatos, el CNDH registra el caso de un joven que dormía en la casa de un vecino, cuando un grupo de policías entró y lo ejecutó al lado de la cama.
En un segundo caso, un joven que recibió dos tiros en el pecho y en el abdomen pasó más de cuatro horas sin recibir socorro médico y, cuando ya se encontraba en el hospital, fue llevado por agentes uniformados hasta una comisaría de policía antes incluso de que los proyectiles le fueran retirados del cuerpo.
Otra de las personas escuchadas por el organismo afirmó que una de las víctimas era una persona sin hogar que vivía en la ciudad de São Paulo y que podría haber sido llevada hasta el litoral para ser ejecutada.
Según la Policía la víctima cargaba con droga y con una pistola, pero el Consejo dice que las explicaciones de los agentes son “incompatibles” con la situación de “miseria” en la que vivía la persona.
Más allá de las muertes, el organismo cuestiona las 170 detenciones realizadas durante la operación policial, en su mayoría de personas negras (72%) y sin antecedentes penales (55%).
El Consejo señala, además, que en el 90% de los casos no se requisó ninguna arma de fuego a la persona detenida y que en un 67% no se comprobó la existencia de drogas.
Una de cada 4 personas detenidas presentaba “señales de lesión corporal”.
Por otra parte, la CNDH afirma que el ombudsman de la policía fue amenazado de muerte mientras llevaba a cabo investigaciones sobre lo sucedido y que se enfrentó a la “negativa” de las fuerzas de seguridad a suministrarle información.
“Los relatos recogidos por el CNDH indican graves excesos en el uso de la fuerza y ejecuciones sumarias con disparo de armas de fuego”, zanja el informe.
