¿Remesas gravadas?
Por Alejandro Bernal Astorga
Desde diciembre de 2024, el Comité de Medios y Arbitrios del Congreso estadounidense alertó sobre la expiración de los recortes fiscales de 2017. Ante ello, la estrategia del Partido Republicano fue clara: construir un nuevo paquete fiscal que mantuviera los beneficios para ciudadanos estadounidenses, y financiarlos parcialmente con medidas impositivas aplicadas a los migrantes.
Una de las iniciativas para incrementar la recaudación fiscal impulsada por el ejecutivo federal en EUA, conocida como “the one” o “beautiful Bill”, contempla la disposición de cobrar un impuesto de 5% a los envíos de remesas de extranjeros o personas con visas temporales a sus países de origen, avanzó la noche del domingo 18 de mayo a su votación final en la Cámara de Representantes esta semana.
Esta propuesta pasará al Senado, donde el equilibrio entre demócratas y republicanos es más frágil, aunque podría utilizarse el mecanismo de “reconciliación presupuestaria” para aprobarlo con mayoría simple (con el 51% y no con el 60% del voto de los legisladores). La administración del presidente Trump ya ha anticipado su intención por firmarlo antes del 4 de julio, como símbolo de “recuperación de soberanía”.
De aprobarse, esta iniciativa tendría efectos negativos inmediatos para la economía de las familias de los migrantes que están en nuestro país. En 2024, México recibió 64,745 millones de dólares en remesas, de las cuales el 96.6% provino de Estados Unidos y si estas se gravan, se estima una pérdida directa de más de 3,200 millones de dólares anuales.
Para millones de familias mexicanas de bajos niveles de ingreso, ese dinero es necesario para cubrir necesidades básicas como alimentación, educación, salud, vestido y hospedaje. En estados como Michoacán, Jalisco, Guanajuato o Guerrero, las remesas son el sostén económico de muchas comunidades.
Esta medida implicaría una doble tributación y no es solo económica: afectaría a trabajadores migrantes que pagan impuestos, consumen bienes, pagan servicios y que contribuyen con su trabajo al crecimiento económico de empresa y de estados que requieren la mano de obra de migrantes para la realización de actividades productivas. Al gravar el envío de remesas, su contribución a la economía estadounidense no estaría siendo reconocida, ni valorada.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado la propuesta como injusticia y discriminatoria; asimismo el Senado mexicano y la cancillería han planteado conformar una comisión diplomática para entablar diálogo directo con el Congreso estadounidense.
La aplicación de impuestos a las remesas de migrantes mexicanos no le suma al vínculo económico complementario que México y Estados Unidos tienen y que debe traducirse en beneficios para sus respectivos habitantes.
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