Infancias vulneradas: Carencia de tipificación en el marco legal acerca del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en grupos delictivos.
Por Carol Lineth Guerrero Ruelas*
En México, existe una problemática alarmante en cuanto a los grupos delictivos que se han establecido en el territorio mexicano a través de los años, misma a la que se le ha dado vista, enfoque y tipificación legal, sin embargo, existe un grupo que se ve afectado y que no ha sido contemplado en el marco legal. Las infancias, o también conocidos como los niños, niñas y adolescentes, son un grupo vulnerable en diversas situaciones de riesgo, éstos se encuentran con muchas barreras para ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades, a lo largo de la historia han sido víctimas del olvido, indiferencia y un escaso reconocimiento a sus derechos. A pesar de existir tratados, mecanismos y leyes que los protejan, aún se pueden ver algunas lagunas que hay que atender, amén de la práctica en la vida cotidiana de las ya existentes.
Son reclutados y utilizados por grupos criminales, donde se ven explotados para realizar supuestos trabajos, que consisten en cometer conductas ilícitas, después llegan a ser discriminados por haber cometido este tipo de delitos, sin tomar en consideración que estos reclutamientos aun cuando son “voluntarios” tienen un trasfondo y una causal que no ha sido atendida debidamente. Esta es, sin duda una de las formas más graves de violencia, los menores son asignados con tareas o actividades como sembrar cultivos, halconeo; o en puestos como tendederos o sicarios.
Ahora bien, conforme a estudios y testimonios que se han llevado a cabo en la investigación del tema, se entiende que, el primer contacto que tiene la niñez con esta problemática son propias redes de apoyo, ya sea familiar o de su misma comunidad, reciben invitaciones de parientes más cercanos o de sus círculo de amistades, entonces, se advierte que no siempre se recluta de formas violentas o coactivas, ya que, existe un aprovechamiento de las condiciones vulnerables que los rodean y se toman estas oportunidades valiéndose de la situación en que viven para ingresarlos, además, otros expertos exponen también que este fenómeno se deriva de condiciones heterogéneas como la pobreza, el abandono, la falta de oportunidades, la victimización por violencia familiar, hasta el contexto social o las cercanía a zonas con presencia de grupos delictivos. Sin dejar de lado que otro de los incentivos que los niños, niñas y adolescentes tienen de participar en actividades delictivas, son de corte aspiracionista, desprendiéndose de su percepción y contexto en cuanto a la falta de alternativas de vida.
Entonces es aquí donde se invoca a las autoridades para que se busque la prevención y erradicación de la problemática que se plantea. Se establece que, los gobiernos deben tener legislación apropiada relacionada al reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes en fuerzas y grupos armados, siendo primordial la coordinación entre niveles de gobierno y los poderes de la unión para preservar y proteger el Interés Superior de la Niñez como bien jurídico. En México, no se han atendido apropiadamente las recomendaciones, lo cual ha permitido narrativas como la justificación de que los menores son impunes ante la ley y liberado rápidamente, provocando propuestas legislativas que buscan reducir la edad penal o incrementar las sanciones, vulnerando derechos humanos y tratados internacionales de justicia restaurativa y tratamiento diferenciado a estos grupos vulnerables, es decir, a raíz de la inatención, se han buscado alternativas que más allá de solucionar la problemática, la ignoran y ponen en estado vulnerable a quienes se busca proteger.
En cuanto a los avances que se perciben, esta incógnita ha sido planteada en el congreso de la unión, donde mencionan que próximamente será contemplada, desgraciadamente, todas estas iniciativas legislativas se encuentran pendientes de análisis y discusión, lo que propicia un retraso en la atención de este tema. Un avistamiento de avances se ha dado en el Congreso del Estado de Jalisco, en el que la diputada Mónica Paola Magaña Mendoza, presentó la iniciativa para crear la Ley de Prevención y erradicación del Reclutamiento Forzado Infantil el 25 de agosto del presente año, en la que propone 30 años de prisión a quienes incorporen a menores al crimen organizado y en caso de servidores públicos que incurran a esta falta, la pena incrementará hasta 40 años, e implementando un sistema de protección integral que proporcione atención psicológica, médica y educativa.
Resulta alarmante constatar como la ausencia de información, la falta de oportunidades y las limitaciones para ejercer plenamente los derechos fundamentales pueden llevar a que una persona vea en la delincuencia la única alternativa viable para su futuro. Solo a través de un compromiso integral se podrá evitar que más individuos, engañados por la promesa de un mejor porvenir en las filas del crimen, vean truncado su verdadero potencial.
*Estudiante del séptimo semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.
Esta columna forma parte del “Semillero de Formación de Jóvenes en la Investigación Jurídica”, coordinado por el Doctor Amado Ceballos Valdovinos, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.
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