Por José Luis Negrete Ávalos
A poco menos de un mes de concluir este año 2025, en el cual han pasado distintos eventos en México, y situaciones que irremediablemente modifican la forma de actuar de las instituciones públicas, de las disposiciones y atribuciones conferidas a los servidores públicos y demás entes que comprenden la administración pública en sus tres niveles.
La reestructuración del Poder Judicial mediante el ejercicio del voto, los cambios legislativos que intervienen tarde o temprano sobre diferentes temas como la educación, la salud, la economía, donde este último rubro direcciona el aspecto social, el crecimiento comunitario y el desarrollo de las familias en el país.
La economía es la base en la que las administraciones y los gobiernos deciden cuáles serán las acciones en las que deben enfocar sus esfuerzos, previendo que los recursos disponibles pueden utilizarse de acuerdo a sus planeaciones, objetivos a corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es un elemento esencial que se toma en cuenta para definir los recursos económicos asignados para ejercerlos durante un año.
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2026 tiene un gasto de 10 billones de pesos asignados en diferentes temas. El cuestionamiento sobre los detalles y el sentido en el cual se asignan precisamente esos recursos se encuentra el siguiente cuestionamiento: ¿cómo evitar las problemáticas que se derivan en los recortes y la resignación del PEF 2026, referentes al Poder Judicial, los Derechos Humanos y la seguridad pública?
Entendiendo que la respuesta a este cuestionamiento puede estar sujeta al contexto y las circunstancias a presentarse el próximo año 2026 en cada uno de los temas descritos, ya que son aspectos en los cuales se entendería la necesidad de fortalecimiento.
En cambio, se prevé esa resignación y en algunos casos disminución, considerando que los Derechos Humanos y las instituciones encargadas de preservarlos a favor del individuo. De la misma forma el Poder Judicial que fue reestructurado, tendría justificación directa en el aumento, y finalmente seguridad pública, base sustancial del Estado derecho.
La observación a ese cuestionamiento se considera a partir de los retos que se esperan en la economía y la relación cercana de Estados Unidos con nuestro país.
En suma, el PEF 2026 y la definición de las acciones y temáticas en las cuales este será aprovechado, de acuerdo a lo señalado se establecen en la base social qué considera los programas hegemónicos, pero al mismo tiempo, las problemáticas en la resignación pueden conducir a una problemática sin retorno.
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