Por José Luis Negrete Ávalos
El desarrollo e implementación de la tecnología a lo largo del tiempo ha sido una herramienta primordial para la sociedad moderna, logrando un avance significativo en las acciones y procesos cotidianos, acercando en cada uno de estos el papel de la comunicación, la interrelación, el acortamiento de la distancia, siendo mucho más inmediata la información, generando una reducción en los tiempos en los que esta se genera.
Dentro de esta inmediatez sobre el proceso de la comunicación, junto al intercambio de datos e información precisa que requiere las nuevas tecnologías, se encuentra precisamente el resguardo de la misma.
Hay una preocupación latente en la actualidad, por la gran cantidad de opciones para lograr dicha comunicación. Nos debatimos entre aplicaciones, sistemas operativos, bases de datos, y complementos necesarios para el cumplimiento de este objetivo.
Esa preocupación se hace presente en la intención del Gobierno federal por integrar una base de datos masiva con los números telefónicos de la población. Ante este hecho la pregunta que surge es: ¿existe una certeza real sobre el resguardo de los datos personales, más allá de las intenciones para prevenir la extorsión?
La respuesta a esta pregunta ante la intención gubernamental por integrar el Registro de Telefonía Móvil o vinculación de líneas telefónicas, que coordina la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), lo cual dio inició de manera formal el pasado 9 de enero, teniendo como primeros resultados una filtración a las pocas horas de inicio del proceso, provocando dudas sobre el destino de los datos. Lo cierto es que esta misma intención se replicó en años anteriores mostrando la vulnerabilidad constante para la protección de datos, como el caso del RENAUT (Registro Nacional de Usuarios de Telefonía). Operó ese sistema entre 2009 y 2011.
Si bien es cierto que en la actualidad los datos personales se proporcionan de manera constante en las aplicaciones de comunicación, el proceso y reto fundamental para las administraciones gubernamentales es precisar otras estrategias para prevenir las extorsiones, pues fallan los procesos técnicos y de administración de datos. Eso sigue siendo un reto junto a la procuración del derecho a la privacidad de los ciudadanos.
Hay también una dificultad orientada, particularmente, en el desarrollo de iniciativas que tienen la intención de ubicar a los usuarios de telefonía, sin prevenir los riesgos del manejo de información, sin asegurar plenamente los límites. Se tienen que generar certeza en ambos sentidos, es decir, procesos de resguardo de información con resguardo de libertad.
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