Por Marcel Gascón
Las autoridades ucranianas se apresuran a llevar ante la justicia a aquellos ciudadanos de las zonas liberadas del país que, por simpatía, oportunismo, necesidad o miedo, aceptaron cooperar o trabajar con la autoridad impuesta por Rusia mientras sus pueblos y ciudades estuvieron ocupadas.
Según datos recogidos por el último informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre violaciones de derechos humanos en la guerra de Ucrania, hasta el pasado 31 de julio, la Fiscalía ucraniana había abierto cerca de 8 mil casos por colaboracionismo o cooperación con el “Estado agresor”.
“Casi todos” los acusados juzgados, dice el informe, han sido declarados culpables por los tribunales, a los que llegarán muchos más casos si Kiev cumple su objetivo de recuperar los territorios que sigue ocupando Rusia en territorio ucraniano.
La estadística incluye a personas que preparaban actos de sabotaje contra soldados o infraestructuras ucranianas o enviaban información sobre objetivos militares, cuyos casos presentan poco margen para la duda. Pero también a gente que optó por adaptarse a la nueva situación y aceptó ser empleada de la autoridad ocupante.
“Los acusados fueron a menudo imputados y condenados por conductas que, en principio, podrían haber sido exigidas por el poder ocupante de manera legal bajo la ley humanitaria internacional”, dice el informe de Naciones Unidas en sus conclusiones.
Un 28% de las condenas analizadas por los autores del documento han sido dictadas contra ucranianos que desempeñaron cargos públicos civiles en la administración impuesta por Rusia en territorios ocupados que después fueron liberados por Ucrania.
La mayor parte de estas sentencias prevén la inhabilitación de los condenados para ocupar cargos públicos por períodos de hasta 10 años, pero algunas de ellas disponen también la confiscación del patrimonio de los culpables.
Muchos de los condenados entrevistados por la oficina de la ONU dijeron haber aceptado puestos en la administración impuesta por Rusia por miedo o bajo coacciones, lo que provoca interrogantes sobre la justicia de algunos veredictos.
Un juicio moral complicado
Determinar quién colaboró con las autoridades de ocupación por convicción u oportunismo y quién lo hizo por necesidad o mero instinto de supervivencia es una tarea difícil para toda la administración ucraniana.
En una entrevista con EFE, Igor Smilianski, CEO de la empresa pública de correos ucraniana, Ukrposhta, explicaba cómo se ven obligados a hacer chequeos a sus empleados que vivieron bajo la ocupación rusa para evitar los problemas reputacionales o de seguridad que supondría reincorporar a sospechosos de colaboracionismo.
Las exigencias de no contratar a personas que aceptaron trabajar para las autoridades ocupantes vienen a veces de sus propios compañeros que se mantuvieron firmes.
“Nuestro equipo en Jersón puso como condición para volver a trabajar con nosotros que no reincorporáramos a nadie que hubiera trabajado con los rusos”, dice Smilianski en referencia a la ciudad del sur de Ucrania liberada en otoño del año pasado tras más de medio año de ocupación.
Resistirse a cooperar con el invasor se vuelve más difícil cuanto más tiempo dura la ocupación, señala Smilianski, que tiene en cuenta estos matices a la hora de fijar los criterios sobre la readmisión de empleados en las zonas liberadas.
“Llevamos más de un año y medio de guerra, y Crimea y zonas del Dombás llevan 8, 9 años ocupadas; ¿se puede estar todo ese tiempo sin trabajar? Probablemente, no”, afirma el director de los correos ucranianos.
“Obviamente, no podemos contratar a gente que haya apoyado activamente la invasión rusa, pero ¿podemos contratar a alguien que sólo ha estado trabajando?”, agrega para ilustrar la complejidad de la cuestión.
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