Por Georgina Tristán
El mercado de la subcontratación en México está integrado con 5 millones de trabajadores subcontratados. En él participan cientos de empresas de subcontratación de todos los tamaños, grandes que administran a miles de personas o pequeñas que solo manejan a unas cuantas decenas de emplea
Estas subcontratadoras, de acuerdo a cifras oficiales y estudios del sector privado, dan servicio a miles de empresas contratantes de todas actividades económicas en México, principalmente a las pymes y grandes empresas. El prohibir una actividad que se realiza desde hace décadas podría tener graves efectos, han dicho los empresarios.
En materia de pérdida de empleo, los Censos Económicos del INEGI de 2019 estiman que el personal subcontratado es de casi 5 millones de personas, lo cual representa poco más del 23% de los trabajadores inscritos en el IMSS.
Así, al prohibir la subcontratación, esos millones de trabajadores subcontratados tendrían que ser integrados a la estructura de las empresas contratantes en un plazo muy corto, con la actual coyuntura económica esa tarea resultaría muy difícil, en el camino, quedarían varios cientos de miles de trabajadores sin empleo.
En México miles de empresas son usuarias de la subcontratación de todos los tamaños y en todos los sectores económicos. Los micronegocios (aquellas que emplean de 1 a 10 personas), que integran el 94.9% de los establecimientos, emplean el 9.5% del personal subcontratado. Las pymes subcontratan a 44.7% de su personal.
En las grandes empresas el 45.8% del personal es subcontratado. Por otro lado, en el sector servicios 34.8% del personal es subcontratado, 30.5% en el comercio y 24.9% en las industrias. La subcontratación es utilizada transversalmente en toda la economía de México, prohibir esta actividad dejaría sin personal a estas empresas de todos los tamaños y a todos los sectores económicos.
La competitividad es lo que permite a un país, un sector económico y una empresa atraer inversiones nacionales e internacionales y generar empleo. Eliminar la subcontratación provocaría que sectores económicos completos y empresas perdieran competitividad, ya que esta actividad aumenta la productividad de las empresas (un estudio revela que en el periodo 2003 a 2018, la productividad del personal subcontratado aumentó 4.4% en promedio anual) y permite estar en igualdad de circunstancias técnicas con las empresas competidoras de nuestros socios comerciales (EUA y Canadá subcontratan alrededor de 20 millones de trabajadores), quienes no prohíben la subcontratación, ni tienen la intención de hacerlo en el futuro.
Aumentaría la informalidad laboral ya que el modelo de negocios de la subcontratación permite que todos los trabajadores subcontratados estén registrados en el IMSS, pues empresarios no incluyen a un tercero en la relación laboral sino va a garantizar la protección social de sus trabajadores.
Por esta razón, todos los trabajadores subcontratados están registrados en el IMSS. Así, la subcontratación ayuda a reducir la informalidad laboral.
Un estudio del COLMEX muestra que, en los sectores que hacen uso intensivo de la subcontratación se ha reducido la informalidad del 33% al 22% de la población ocupada en esos sectores. La eliminación de la subcontratación haría que los trabajadores ahora formales se fueran a la economía informal, donde no tienen seguro social ni prestaciones.
Gobiernos se quedaría sin suficiente personal, ya que los Gobiernos de todos los niveles (federal, estatal y municipal) son usuarios de la subcontratación. Tan solo el Gobierno Federal en 2019 subcontrataron a más de 52 mil personas. En 2020 se prevé que la administración federal termine subcontratando a más de 7 mil plazas de trabajo. El eliminar la subcontratación pondría en problemas la operación de algunos servicios públicos que prestan los Gobiernos, los cuales se verían imposibilitados a contratar ese personal por los continuos recortes presupuestales.
Aumentará un mercado negro de servicios, explican los empresarios, ya que si efectivamente la subcontratación tiene malas prácticas, éstas pueden erradicarse con una aplicación estricta de la ley y sanciones ejemplares a las empresas fraudulentas que las realizan, sin embargo, el prohibir la subcontratación haría que dichas empresas fraudulentas continuarán ofreciendo sus servicios ilegales con más gente desempleada tratando de conseguir empleo de cualquier clase, sin disposiciones jurídicas adecuadas que las pueda regular.
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