El Congreso del Estado aprobó reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación del estado de Colima, para establecer en ella el derecho de las personas privadas de la libertad a la educación básica y media superior.
Según se explicó en los dictámenes que se pusieron a consideración del pleno, se busca que las personas privadas de la libertad, accedan a la educación media superior como medio para lograr su reinserción a la sociedad.
Asimismo, establecer el deber de las autoridades penitenciarias de incentivar la educación, procurando también el derecho de las personas indígenas que se encuentren privadas de la libertad a la educación bilingüe y acorde a su cultura.
En el dictamen que finalmente fue aprobado, se señala que también se busca darle a la autoridad educativa la atribución de efectuar disposiciones de acceso, reingreso y permanencia a madres adolescentes y jóvenes adolescentes embarazadas, con la finalidad de que concluyan su educación media superior y superior.
El dictamen fue leído en tribuna por la diputada Sonia Hernández Cayetano, quien indicó que en el primero de los 2 dictámenes que contienen estas reformas a la Ley de Educación, se informa de los artículos que se reforman.
Entre las modificaciones aprobadas se señala que las personas privadas de su libertad que obtengan una certificación por la autoridad educativa correspondiente, podrán realizar las labores de docencia a que hacen referencia los puntos 2 y 3 del Artículo 49 de dicha ley.
Otra de las adiciones y modificaciones aprobadas, especifica que “como un medio para su reinserción a la sociedad, las personas privadas de la libertad tendrán derecho a realizar estudios de enseñanza básica y media superior, procurando que ésta sea técnica, ajustándola a las condiciones imperantes en el centro penitenciario”.
La educación que se imparta en los centros penitenciarios deberá ser laica, intercultural, gratuita, con perspectiva de género y tendrá contenidos de carácter académico, cívico, social, higiénico, artístico, físico y ético, orientados al respeto de la ley, las instituciones y los derechos humanos.
La autoridad penitenciaria incentivará la enseñanza superior, debiendo celebrar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas de carácter nacional e internacional en materia educativa para ampliar lo oferta educativa y su calidad.
