El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció la creación de una comisión formada por 6 expertos que investigarán los convenios entre fundaciones y el Estado y propondrá nuevos mecanismos de “probidad e integridad” para evitar prácticas corruptas entre administraciones y entidades privadas sin ánimo de lucro.
“Esta no es una comisión para la foto, no es una comisión cuyo informe y recomendaciones -que nos entregarán en un plazo de 45 días- vayan a quedar guardados en un cajón llenándose de polvo”, dijo el mandatario, que recalcó que la instancia tendrá un carácter “técnico y transversal” y que trabajará ad honorem.
La decisión se tomó después de que salieran a la luz presuntas prácticas corruptas en una fundación ligada a uno de los partidos de la coalición gubernamental, Revolución Democrática (RD), un caso que ha golpeado fuertemente al Ejecutivo, tal y como reconoció el domingo su portavoz, la ministra Camila Vallejo.
A la cabeza del nuevo órgano de expertos estará la directora de la ONG Chile Transparente, María Jaraquemada, abogada de la Universidad Católica, “con 17 años de experiencia profesional ligada a las políticas públicas, anticorrupción, transparencia, gobierno abierto y fortalecimiento democrático”, indicó Boric. La abogada Valeria Lübbert será la secretaria ejecutiva.
Otros de los integrantes serán el excontralor general de la República (2007-2015) Ramiro Mendoza; el director del Centro de Políticas Públicas, Ignacio Irarrázaval; el abogado y doctor en Derecho de la Universidad de Chile Francisco Agüero; la economista e ingeniera comercial Jeannette von Wolfersdorff, quien presidió la Comisión Asesora Ministerial para el gasto público entre 2020 y 2021.
Además de proponer mecanismos para mejorar la “eficacia y transparencia” entre fundaciones y administración pública, la comisión revisará los procedimientos de control y rendición de cuentas, generará propuestas para prevenir los conflictos de interés y propondrá sanciones por si las instituciones no utilizan los fondos estatales en los proyectos para los cuales fueron asignados, señala el comunicado difundido por Presidencia.
Este lunes (3) el Gobierno también informó que investigará todas las relaciones que fundaciones privadas han tenido con el Ejecutivo central desde los últimos 5 años, lo que incluye la anterior legislatura, encabezada por el conservador Sebastián Piñera (2018-2022).
El origen del llamado “caso fundaciones” se remonta a los millonarios convenios suscritos entre la delegación regional del Ministerio de Vivienda y la fundación Democracia Viva, vinculada a militantes de RD, uno de los partidos más importantes de la coalición de izquierda Frente Amplio, a la que pertenece Boric y en la que también milita el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, con quien el mandatario mantiene un estrecho vínculo.
El presidente sustituyó a la subsecretaria de Vivienda que autorizó los polémicos convenios, pero las presiones de la oposición para destituir al ministro de Vivienda, el socialista Carlos Montes, no cesan.
Tras estallar el caso, hace 15 días, se fueron conociendo otros convenios del mismo ministerio con fundaciones de otras regiones del país que también han sido cuestionados.
En el centro del debate hay ahora varias propuestas para fiscalizar las instituciones sin fines de lucro, cuyas regulaciones son débiles y acusan falta de transparencia en el uso de los recursos públicos.
