Estancamiento y retrocesos en la educación superior colimense
Por Juan Carlos Yáñez Velazco
La educación superior en Colima muestra signos vitales críticos. La revisión de la estadística trunca optimismos. No ingresan proporcionalmente más estudiantes a las instituciones. El abandono escolar aumentó, por lo tanto, tampoco egresan más jóvenes. La enseñanza superior sigue siendo privilegio de un sector social. La entidad se estancó. Puede ser peor.
En este artículo reviso los datos oficiales sobre la educación superior colimense en cinco ciclos escolares, de acuerdo con los documentos anuales “Principales cifras del sistema educativo nacional”, y para el ciclo actual, con el Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa, ambos de la Secretaría de Educación Pública.
Expongo situaciones a partir de estadísticas, con tres variables en juego: la aprobación constitucional de la educación superior como derecho ciudadano y obligación gubernamental; los efectos de la pandemia en los sistemas educativos; los avances y retrocesos de Colima en el acceso y egreso de la enseñanza superior.
La tarea es ardua porque la información pública es escasa y a veces imprecisa. Sin embargo, los indicadores disponibles de absorción, cobertura y abandono escolar aproximan al conocimiento de avances en el derecho a la educación.
Datos congelados
La entidad tiene un alcance geográfico sobresaliente. En 8 de sus 10 municipios hay formalmente instituciones de educación superior, excepto Minatitlán e Ixtlahuacán; aunque Armería, sede de la Universidad «Benito Juárez», no reporta alumnado en el Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa. O no existe para él.
La enseñanza superior representa el 14.7% de la matrícula global estatal; aumentó 1.5 puntos entre 2018-2019 y 2022-2023. Pero, en los mismos años, la matrícula sólo creció 515 estudiantes, al pasar de 27,518 a 28,033. El incremento promedio anual de 100 estudiantes preocupa como signo del estancamiento, pese a los discursos políticos federales y estatales, y los recursos destinados a becas. Significa, además, que las dos instituciones públicas creadas por el gobierno federal (Universidades «Benito Juárez» e Intercultural) no aumentaron de manera sustancial la matrícula.
Por su parte, la enseñanza privada conserva presencia, pues alberga 3 de cada 10 estudiantes. En conjunto, en 2018 representaba el 30%, y en el ciclo en curso 29.6%, lo cual revela fortaleza de las instituciones particulares, luego del descenso durante la pandemia, cuando perdieron 1,300 inscritos.
La absorción, definida como el “número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de un nivel educativo, por cada 100 alumnos egresados del nivel y ciclo escolar inmediatos anteriores”, se empantanó: fue de 71.2% en el ciclo 2017-2018 e idéntica en 2021-22. Dato contundente: 3 de cada 10 egresados de bachillerato no buscan o encuentran lugar en instituciones superiores.
El abandono escolar empeoró durante los años pandémicos. Mientras fue de 9% en el ciclo 2017-18, para el 2021-22 subió a 11%, muy superior al promedio nacional de 7.9%. Estamos ante un problema grave en la capacidad de retención de las instituciones y en las condiciones (materiales, económicas, sociales, culturales y pedagógicas) de los estudiantes para mantenerse. Y refuerza hallazgos de que los programas de becas, sin componente pedagógico, son incapaces para frenar el éxodo estudiantil.
Durante el periodo analizado, la cobertura local se estancó alrededor del 40%, aunque la nacional aumentó 3 puntos porcentuales y llegó el 42% en los dos ciclos más recientes. En el ciclo 2021-22, en Colima fue de 38.9% (incluida la población no escolarizada).
Otro indicador revela retrocesos de Colima y, en general, del país: la eficiencia del sistema educativo, esto es, la proporción de jóvenes de una generación que termina su formación superior, con respecto al mismo grupo etario que ingresó en la primaria. Así, por cada 100 niños mexicanos que entraron a primaria en el ciclo 2002-03, sólo 25 terminaron una licenciatura en el 2018-19. En el ciclo 2003-04, por cada 100 concluyeron su carrera profesional 27 en el ciclo 2019-20. Para la cohorte siguiente, finalizaron 26. Y en la última reportada, la 2005-06, terminaron 26. En otras palabras: por cada cien niños de primaria, sólo la cuarta parte completa licenciatura.
Con base en el análisis de dichas trayectorias, cada año más personas por cada 100 abandonan la enseñanza superior. Sintetizo: en esos ciclos egresaron, respectivamente, 25, 27, 26 y 26 de los 100 iniciales, y abandonaron 10, 11, 13 y 14.
Colima no progresó en ese indicador. En la generación 2002-03/2018-19 terminaron su licenciatura 32 por cada 100 que accedieron a primaria. En la 2005-06/2021-22, sólo 29.
¿Estamos en sitio adecuado? Depende los parámetros e interpretaciones. Mientras Guerrero, Chiapas y Oaxaca tienen un porcentaje de 12%, Ciudad de México, Aguascalientes y Querétaro están por encima de 40%. Colima no logra que la tercera parte de cada generación ostente título universitario.
Conclusiones
Los datos estadísticos son abstractos; admiten interpretaciones. Aquí algunas afirmaciones, hipótesis y preguntas.
El aumento de 500 estudiantes en cinco ciclos escolares es irrisorio. 100 estudiantes más cada año no evidencia políticas ni esfuerzos gubernamentales y exige otros resultados.
Colima tiene problemas críticos en cumplir el derecho constitucional a la educación superior. Los tenía antes del Gobierno federal de Morena y empeoró durante los ciclos escolares revisados.
La exclusión crece. Los excluidos siguen fuera de la escuela. La desigualdad no se revierte dando más a quienes más tienen.
La educación es un derecho humano reconocido por la Declaración Universal; es un derecho constitucional en México. Pero no hay programas ni políticas estructurales para cumplirlo. Beneficiar a quienes ya forman parte del sistema educativo es positivo, sobre todo, cuando lo necesitan; pero no incluye a todos los que deberían tener la oportunidad.
La educación superior tampoco es un derecho exclusivo de los jóvenes. Es del pueblo: todos deben recibir sus beneficios a través de las funciones sustantivas. De esto, ni cuentas ni cuentos optimistas escritura el Gobierno federal.
Colima está muy lejos de los estados más avanzados en acceso a la instrucción superior. No progresa y sí retrocede en los indicadores oficiales de la SEP.
El Gobierno estatal actual no es responsable de los resultados. Todavía. Les corresponde diagnosticar y diseñar proyectos, que ahora no son visibles.
Hoy, en educación básica, como en superior, Colima sigue en terapia intensiva. Las cifras o datos no son asépticos: representan a niños y muchachos sin boleto al futuro.
¿Quién lo ve?
¿A quién le importa en serio?
