Por José Luis Negrete Ávalos
La cuestión de la movilidad y el tránsito, son acciones que para muchos pueden resultar demasiado simples y literalmente comunes, sin importar el lugar o la distancia por recorrer, todo se concentra en el hecho de decidirlo, de acudir, de hacer planes, de volverse una rutina dentro del acontecer diario, una circunstancia que, es un derecho señalado en la Constitución de muchos países, ejemplo visible de esto es lo que refiere el artículo 11 de la Constitución Política Mexicana, el libre tránsito en el territorio.
Desde este punto de vista, no tiene nada de extraordinario hablar sobre el tema de la movilidad y lo que esta representa para los gobiernos en cada uno de los niveles, las propuestas y las intenciones con aspectos viales, caminos y puentes, reglamentos de tránsito, todos aquellos elementos que conforman este rubro.
Pero al reconocer que la sociedad es: un conjunto de ideas, de grupos que enfatizan para sí mismos distintas necesidades, diferentes hechos, por supuesto la lógica de sus derechos puede mostrarse a su vez, esas propuestas que requieren detallarse para mejorar, para ser eficaces.
Tal es la razón y el derecho de las personas en condición de discapacidad a la movilidad, al libre tránsito, a la par de transporte adecuado para poder lograrlo; en este sentido la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala en el artículo 20 el derecho a la movilidad personal.
Así como lo descrito en el artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que señala la coordinación que debe existir entre las autoridades y las empresas privadas para generar las condiciones de accesibilidad al transporte para las personas con discapacidad.
Entonces a la pregunta ¿El derecho a la movilidad está sujeto a los efectos de las circunstancias?
Si bien dentro del marco legal nacional e internacional, se concede plenamente este derecho, todo lo que se presenta alrededor del mismo, provoca que no se alcance completamente, o ni siquiera se realice de forma correcta, hacia la independencia de las personas con discapacidad, es decir, las políticas públicas que se generan a partir de esta idea, tarde o temprano corren el riesgo de convertirse en paliativos, con efectos u objetivos de visibilidad momentánea, no la intención de acciones prolongadas con programas que puedan romper las barreras ideológicas, políticas y sociales, que al fin de cuentas es romper con la verdadera discapacidad, para una conciencia de inclusión e independencia personal.
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